Por Luis Beatón
Corresponsal jefe en El Salvador
Fue un ejercicio mayoritario en la Asamblea Legislativa (Parlamento), donde 70 de los 84 diputados votaron contra una acción que provoca impactos negativos en el medio ambiente y la salud de las personas.
La ley que convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en desterrar esta actividad extractiva está amenazada por presuntos intentos de retornar esa práctica, denunció la Alianza Centroamericana frente a la Minería (Acafremin).
Pedro Cabezas, directivo de esta asociación, dijo que dentro de un sin número de problemas enfrentados por este país, entre ellos desforestación, estrés hídrico y desertificación, hay señales de que algunos sectores vinculados al gobierno salvadoreño empeñan esfuerzos en revertir la ley.
Lamentó que frente a estas luchas sociales que costaron la vida de personas defensoras y cuyo fruto es ahora la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, en el país se estén dando señales de revertirla.
“Los testimonios de las personas son serios, cuando dicen que la vida acuática de algunos ríos ya no existe, en ese sentido estamos sintiendo la vulnerabilidad ecológica en el país y la degradación del medio ambiente, y encima de esto tener la minería como una industria clave sería desastroso”, afirmó el activista ambiental en declaraciones a medios locales.
En una nación de mucha concentración poblacional dado su pequeño tamaño, la preocupación es mayor pues el agua, fuente de vida, está amenazada, de ahí que muchas protestas hoy tienen como lema central “El oro no se toma, el agua sí”, una alerta para poner fin a los intentos de condenar a miles de personas.
EJEMPLOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Para ejemplificar esta situación, Cabezas citó lo que sucede en la mina de San Sebastián en el municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, que todavía genera drenaje ácido y acaba con la vida acuática.
“Y hay más de 15 pasivos mineros identificados por el Ministerio de Medio Ambiente (Marn) que deben cerrarse de manera técnica y no se hizo aún”, indicó.
Otro ejemplo que muestra la gravedad del caso está en la amenaza representada por la mina Cerro Blanco (Guatemala), la cual a pesar de no estar funcionando produce descargas de aguas con altos contenidos de arsénico con afectaciones a la cuenca del río Ostúa.
Este es parte de la cuenca del lago de Güija (Metapán) que alimenta al río Lempa, el cual abastece de agua a dos tercios de la población salvadoreña antes de desembocar su caudal en el océano Pacífico.
La situación, según los opositores, se complica al gobierno salvadoreño formar el Foro Intergubernamental de Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, que el movimiento social identifica como una organización fachada de empresas mineras, las mismas que quieren revertir las prohibiciones a la minería asesina.
En opinión de Cabezas, reabrir el debate de la minería sería desastroso, no solo para el ambiente, también en lo social porque muchas comunidades y poblaciones estarían opuestas a esto y en pie de lucha para que no ocurra.
“Estamos en un proceso complicado no solo a nivel nacional, sino en la región, en donde los gobiernos están optando por modelos autoritarios y poderes absolutos de familias o un presidente que posee el control del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y las instituciones que la ciudadanía tenía para hacer valer sus derechos”, manifestó Cabezas.
En los últimos años son evidentes los planes de quienes pretenden retornar a la explotación minera y abrir las tierras del país a compañías de Canadá y Estados Unidos, entre otras, interesadas en extraer los recursos del subsuelo aun a costa de la vida de muchos salvadoreños.
CRIMINALIZACIÓN DE LOS QUE PROTESTAN
En cuanto a la criminalización de las personas defensoras y la aplicación del régimen de excepción, no hay mejor ejemplo que la detención de activistas y líderes comunitarios a inicios de este año mediante antojadizos argumentos de “crímenes” durante la guerra de los 80, destacan medios locales.
Los casos de los líderes comunitarios Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas, y los directivos de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta, Teodoro Antonio Pacheco (director) y Saúl Agustín Rivas, muestran los intentos de acallar las voces de protestas.
Los arrestados son acusados de un crimen de difícil probatoria y que ahora son esgrimidos para sacarlos de las protestas.
Según activistas, detrás de esos arrestos la motivación principal es desmovilizar a la población de Santa Marta y Cabañas para reintroducir la minería metálica.
El caso trasciende las fronteras del país y por ejemplo, en México, el diario La Jornada destacó la detención, el 11 de enero, de los cinco defensores ambientales salvadoreños en lucha contra el regreso de la destructiva minería metálica.
Eso, señaló la publicación, puso en evidencia la desesperación del gobierno después de su fracasada aventura en la criptomoneda bitcóin. Se teme que busque revertir la prohibición a la minería en El Salvador que en 2017 conmocionó a la rapaz industria extractiva global, apuntó.
Luis Parada, abogado salvadoreño que ganó el juicio a la minera canadiense Pacific Rim e impidió que esta contaminara al río Lempa, opinó que “es más que evidente que el arresto y detención prolongada de los líderes ambientalistas de Santa Marta (excombatientes del FMLN) no busca justicia. Es parte del macabro plan del presidente Nayib Bukele de reabrir El Salvador a la devastadora minería metálica”.
El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, afirmó, en cambio, que las detenciones están relacionadas con un presunto asesinato cometido hace más de 30 años durante la brutal guerra civil. Pero estas acusaciones tienen fines políticos, aseveró La Jornada.
Al respecto, 250 organizaciones sociales y civiles de 29 países recuerdan que nadie se preocupa en el gobierno salvadoreño por procesar a los militares responsables de decenas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil, incluso en la propia Santa Marta, y las que ocurren ahora con miles de personas presuntamente inocentes acusadas de ser pandilleros.
Esos grupos resaltaron “las dudas sobre si la verdadera motivación del fiscal general es intentar silenciar a estos defensores del agua, especialmente tomando en cuenta la cruzada de la administración actual para criminalizar, perseguir y desmovilizar a sus oponentes políticos”.
Antes de las detenciones, Antonio Pacheco y sus compañeros denunciaron sospechosas apariciones de desconocidos que ofrecían arrendar tierras de agricultores por cantidades exorbitantes de dinero y aportar fondos para supuestos programas sociales en el departamento de Cabañas, estrategia que la empresa Pacific Rim ya usó en el pasado.
Esas apariciones, precisaron ambientalistas, son una señal de que el gobierno salvadoreño estaría colaborando con empresas mineras trasnacionales, con miras a anular la ley que prohíbe la minería.
AGUAS VITALES PARA EL PAÍS
Informes elaborados por gobiernos en años anteriores indican que las aguas que recorren el departamento de Cabañas, las cuales presuntamente se quieren abrir a la explotación de las mineras, son vitales para el país.
Son importantes en términos de suministro de agua, tanto para uso humano como para la agricultura y la generación de energía.
Informes del Ministerio de Medio Ambiente atestiguan que la calidad del agua en esta zona es mejor que en el resto del país y si no se protege terminará por sumarse al alto porcentaje de ríos nacionales cuyos fluidos no pueden ser tratados para convertirse en fuentes utilizables.
Es bien conocido que los procesos de extracción de oro, una de las aspiraciones de las mineras, requieren que los remanentes de la mina sean tratados con grandes cantidades de agua y este procedimiento a menudo conduce a una mezcla venenosa liberada en las fuentes de abasto, las cuales terminan percibiendo niveles altísimos de elementos como arsénico, mercurio, plomo, cadmio y hierro.
Los efectos letales que cada uno de estos metales tiene en la salud humana están ampliamente documentados, incluso un viejo artículo del diario The New York Times (2005) explica que el exceso de la minería metálica es casi tan perjudicial como los desechos nucleares.
No está demás recordar el lema de los ambientalistas: “El oro no se toma, el agua sí”.
arb/lb
