En total serán más de 40 personas entre funcionarios públicos, asambleístas, constitucionalistas, penalistas y periodistas que rendirán a partir de mañana su versión dentro del procedimiento contra el mandatario, acusado de peculado (malversación).
Los primeros en presentarse serán el exsecretario Anticorrupción Luis Verdezoto, el exgerente de Petroecuador Hugo Aguiar, el exsecretrario Jurídico de la presidencia Fabián Pozo y el periodista Anderson Boscán, del medio digital La Posta.
El legislador Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, informó que casi a la media noche del domingo llegó un último pedido de prueba por parte del mandatario, quien pidió la presencia de algunos juristas.
De acuerdo con el calendario preliminar, el propio gobernante está citado para el día 26 de abril, aunque se desconoce si irá personalmente o lo hará a través de su abogado, Edgar Neira.
Villavicencio, criticado por actuar de forma parcializada a favor de Lasso, adelantó que en todos los testigos deberán referirse exclusivamente a las presuntas irregularidades en los contratos suscritos entre la empresa Amazonas Tanker y la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
Esta fase dedicada a escuchar a los testigos convocados tanto por la acusación como por la defensa debe extenderse por los próximos 10 días y luego la Comisión tendrá otras 10 jornadas para concluir un informe sobre el caso.
Independientemente de la recomendación de esa mesa legislativa, para censurar al jefe de Estado se necesita el apoyo de las dos terceras partes del pleno de la Asamblea, compuesta por 137 parlamentarios.
Este domingo, en una entrevista a la cadena de noticias CNN, Lasso aseveró que por ahora no existen los 92 votos al interno de la Asamblea para destituirlo.
Paralelamente, existen denuncias de supuesta compra y negociación de votos para salvar al mandatario.
Este lunes salió a la luz un audio donde la subcoordinadora del movimiento Pachakutik, Cecilia Velasquez, intentó negociar ministerios a cambio del apoyo de la bancada legislativa de su partido para evitar la destitución del jefe de Estado.
Hay un presidente que está caído y quien venda su voto deberá responder al país, subrayó la asambleísta de la Revolución Ciudadana Gissela Garzón, quien aseguró que eso no pasa en su bancada, la más grande de la Asamblea con 47 miembros.
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