Esa situación se refleja en una encuesta en línea publicada por el diario La Prensa Gráfica (LPG) “¿Está de acuerdo con que el Gobierno haya vetado la publicación del FMI sobre El Salvador?”, pregunta respondida por 750 personas.
Un abrumador 76 por ciento dijo que no está de acuerdo, mientras apenas un 13 por ciento apoyo la decisión y un 11 señaló desconocer el tema.
El reporte del Artículo IV es un análisis anual que hace la entidad financiera a todos sus países miembros, para evaluar sus finanzas y economía, para lo cual un grupo de experto visitó este país del 30 de enero al 8 de febrero ocasión en que emitió una declaración.
Pero ahora el gobierno desautorizó al ente financiero airear sus problemas, algo que para varios economistas es una mala señal, una muestra de falta de transparencia, opacidad y autoritarismo, según reseño LPG.
El FMI publicó que las autoridades «no han dado su consentimiento para la publicación del informe del personal y el comunicado de prensa relacionado», precisó el medio.
“Es una pésima señal, grave… porque el propósito es mostrar la situación. Típicamente los países que se oponen, a que se publique son los poco transparentes”, declaró Carlos Acevedo, economista y expresidente del Banco Central de la Reserva.
La declaración de febrero hacía una serie de advertencias sobre la insostenibilidad fiscal, llamaba a una auditoría de los fondos bitcoin y a realizar un estudio actuarial independiente tras la pensiones.
LPG citó también al economista Luis Membreño, para quien la falta de acuerdo para la publicación da «un mal mensaje a los analistas a nivel internacional; porque la pregunta es: ¿qué es lo que hay ahí en ese informe que no quieren que se conozca?».
También el economista Ricardo Castaneda valoró como un mal presagio el paso dado por el gobierno.
Algunos entendidos consideran que la clave de esta posición está en que el informe final hizo varias recomendaciones como eliminar el bitcoin (una apuesta estrella del gobierno), ajustar los subsidios, mejorar la transparencia y un ajuste fiscal.
Además, la misión mostró su preocupación por la reducción de las reservas del sistema bancario y el aumento en la exposición al Gobierno por la compra de deuda, en medio de fuertes restricciones financieras mundiales, y agregó realizar auditorías al fideicomiso de bitcoin y Chivo Wallet, y consideró clave el respeto a la independencia de poderes del Estado.
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