Este jueves, el contralor, Carlos Riofrío, reconoció que existió un informe borrador con indicios de responsabilidad penal por seis millones de dólares por el convenio entre esas dos empresas, pero ese documento se archivó porque consideraron los hallazgos insuficientes.
La asambleísta Viviana Veloz, una de las solicitantes del juicio político, cuestionó que no se haya determinado una responsabilidad penal, pese a que en el informe final se determina sobreprecio en el valor de renta de buques.
Riofrío insistió en que el proyecto de informe no tenía los elementos exigidos por la Fiscalía para determinar la existencia de un delito penal, mencionó.
El director del departamento de la Contraloría que examinó el contrato en cuestión, Mesias Arroyo, también dio su testimonio ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, encargada de analizar las pruebas del proceso de juicio político contra el jefe del Ejecutivo, acusado de peculado.
Arroyo aseguró que su institución nunca recomendó la terminación del contrato con Amazonas Tanker y que el examen hecho por ellos sólo generó responsabilidades administrativas y civiles, sin indicios de responsabilidad penal.
Otro de los testigos presentes en la sesión de hoy, que se extendió hasta la noche, fue el actual gerente de Flopec, Luis Enrique Lavayén.
El directivo admitió cierta “informalidad” de parte de Amazonas Tanker en la presentación de la información, pero la suple con el contacto directo con los operadores.
Para este viernes está previsto continuar con las comparecencias sobre el tema y entre los más de 10 citados aparece la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, aunque la funcionaria ya avisó que no iría.
Tras concluir el próximo 26 de abril la fase dedicada a escuchar testigos y analizar documentos, la Comisión tendrá 10 días para concluir un informe sobre el caso.
Más allá de la recomendación, para censurar al jefe de Estado se necesita el apoyo de las dos terceras partes del pleno de la Asamblea, compuesta por 137 parlamentarios.
lam/avr
