La asambleísta Mireya Pazmiño afirmó este jueves en declaraciones a la prensa que existe apoyo suficiente para aprobar el enjuiciamiento basado en las presuntas irregularidades en un contrato entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la empresa Amazonas Tanker Pool.
Por su parte, la bancada de Unión por la Esperanza (UNES) aseveró que sus 47 miembros -la mayoría pertenecientes a la Revolución Ciudadana (RC)- apoyarán el juicio político y no traicionarán su compromiso de enfocar esfuerzos para censurar al mandatario.
La declaración de UNES llega después que el movimiento RC emitiera la víspera un comunicado en el cual llamaba a la muerte cruzada como salida urgente y democrática a la crisis política del país, una herramienta que conllevaría a la disolución del legislativo y elecciones anticipadas en seis meses.
Sobre ese recurso, Pazmiño consideró que en la Asamblea no existen los votos para aprobarlo y recordó que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) advirtió a Lasso no aplicar esa decisión porque entonces ellos saldrían a las calles.
Los pueblos originarios no van a permitir que el presidente como ha estado administrando el país, con medidas neoliberales, siga gobernando durante seis meses sin un parlamento que lo fiscalice, explicó la legisladora.
Entretanto, este jueves continúan por tercer día consecutivo las comparecencias de funcionarios, exempleados de instituciones del Estados, juristas y otros expertos en la Comisión de Fiscalización, donde debaten la existencia de pruebas para enjuiciar a Lasso.
El líder del bloque legislativo oficialista, Juan Fernando Flores, comentó que a medida que los testimonios salen, los interpelantes se quedan sin sustento, sin embargo, es claro que esto se trata de un juicio político, donde lo importante son los votos.
Tras concluir el próximo 26 de abril la fase dedicada a escuchar testigos y analizar documentos, esa mesa legislativa tendrá 10 días para concluir un informe sobre el caso.
Más allá de la recomendación, para censurar al jefe de Estado se necesita el apoyo de las dos terceras partes del pleno de la Asamblea, compuesta por 137 parlamentarios.
En ese contexto circulan rumores de negociación de votos para salvar al presidente, principalmente entre los legisladores de Pachakutik e Izquierda Democrática.
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