Según el propio organismo financiero, los datos no son nada alentadores, pues esa entidad “ayuda” a los países que son incapaces de acceder a un crédito por otras vías.
Pese a esas declaraciones, divulgadas aquí por el diario Expreso, el gobierno del presidente Guillermo Lasso ha dicho que solicitará más préstamos.
El ministro de Economía, Pablo Arosemena, comentó que pedirá una nueva línea crediticia al FMI para enfrentar los efectos de desastres naturales que han golpeado a Ecuador en los últimos meses, como las lluvias, los deslaves y el sismo del 18 de marzo pasado.
En medio de esas declaraciones y ante una deuda tan grande, la ciudadanía se pregunta a dónde ha ido a parar tanto dinero, porque no lo perciben en obras públicas ni inversión social.
El pago de la deuda al FMI por parte de Ecuador no puede ser a costa de la salud, educación, seguridad, empleo, señaló el asambleísta José Agualsaca, para quien la deuda ha llegado a sacrificar el bienestar de la gente de su país.
En diciembre pasado, Quito recibió el desembolso final de unos 700 millones de dólares como resultado del acuerdo suscrito en 2020 por el entonces mandatario Lenín Moreno y renegociado en 2021 por el actual gobernante.
El 83 por ciento de los ocho mil 200 millones que Ecuador tiene que devolver con intereses al FMI, deberá pagarlo entre 2025 y 2030.
Economistas consideran inapropiados ese tipo de créditos cuyas condiciones casi siempre incluyen ajustes y medidas neoliberales perjudiciales para la población de menos recursos.
Los recortes, por lo general, recaen sobre los presupuestos de sectores sociales como educación, salud o seguridad.
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