La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió durante cuatro días a funcionarios, exempleados del Estado, juristas y expertos que debatieron sobre un contrato entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Taker.
Las presuntas irregularidades en ese convenio son el centro del enjuiciamiento al mandatario, acusado de peculado (malversación) por aparentemente saber de esas anomalías y no hacer nada para detenerlas a pesar de ser lesivo para el país.
Hasta el próximo 26 de abril se desarrollarán las audiencias en la comisión legislativa, que luego tendrá 10 días para elaborar un informe donde recomiende o no la realización del juicio político en el pleno de la Asamblea.
Esta semana salió a la luz una entrevista de Lasso al diario británico Financial Times donde manifiesta su intención de disolver el legislativo mediante la herramienta de la muerte cruzada si existieran los votos para destituirlo.
El líder del parlamento, Virgilio Saquicela, afirmó que el jefe del Ejecutivo incurriría en una inconstitucionalidad si aplica la llamada muerte cruzada en medio del proceso de juicio político.
Por qué no lo hace hoy, por qué esperar hasta el último día para ver si hay o no los votos, reclamó Saquicela.
El movimiento Revolución Ciudadana se pronunció a favor de aplicar ya ese recurso previsto en la Constitución como una salida democrática urgente ante los problemas del país, que sufre una ola de inseguridad con cada más robos, secuestros, extorsiones, asesinatos y múltiples crímenes.
En redes sociales usuarios apoyaron la urgencia de la muerte cruzada, pues el juicio político demoraría alrededor de un mes y en su opinión “el país no aguanta más”.
En ese contexto, circularon rumores de negociación de votos para salvar al gobernante, principalmente entre los legisladores de Izquierda Democrática y Pachakutik, cuya subcoordinadora, Cecilia Velasque, intentó negociar ministerios a cambio de votos, según un audio divulgado aquí.
Mientras todo eso ocurría, el presidente estuvo internado en el Hospital Militar de Quito con una infección urinaria, aunque este viernes recibió el alta médica.
Desde inicios de año han sido recurrentes los problemas de salud del banquero de 67 años, que ahora está a las puertas de un juicio político que podría poner fin a su gobierno.
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