Para este lunes se espera la presencia de profesionales del derecho para aclarar a los miembros de la mesa legislativa sobre cómo proceder en este trámite de acusación política contra un jefe de Estado.
De acuerdo con el cronograma, está previsto que el martes los asambleístas solicitantes del enjuiciamiento al mandatario presenten sus argumentos basados en el delito de peculado y el miércoles tendrá espacio el propio gobernante para hacer su defensa.
Sin embargo, la presidencia informó que los abogados de Lasso serán quienes intervengan ese día para intentar demostrar que no hubo responsabilidad política en las irregularidades detectadas en un contrato entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la compañía Amazonas Tanker.
Para los legisladores interpelantes ese convenio es la base del enjuiciamiento al mandatario por aparentemente saber de las anomalías y no hacer nada para detenerlas a pesar de ser lesivo para el país.
El pasado viernes, el exprocurador Íñigo Salvador señaló que la Procuraduría General del Estado no revisó el convenio entre ambas compañías en 2021 porque la Contraloría ya había hecho un examen especial.
El contralor, Carlos Riofrío, reconoció que existió un informe borrador con indicios de responsabilidad penal por pérdidas de seis millones de dólares debido al convenio entre Flopec y Amazonas Tanker, pero ese documento se archivó porque consideraron los hallazgos insuficientes.
Otro de los testigos, el presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, Joaquín Ponce, confirmó en su declaración no haber recibido ninguna disposición de Lasso para tomar medidas políticas o administrativas en Flopec y evitar el presunto delito de peculado.
Por su parte, el exsecretario nacional Anticorrupción Luis Verdesoto confirmó que en 2022 entregó al presidente Lasso fichas con alertas de corrupción en empresas públicas, incluida Flopec.
El miércoles 26 de abril concluirá la fase dedicada a escuchar testigos y analizar documentos y a partir de ese momento la Comisión tendrá 10 días para concluir un informe sobre el caso.
Más allá de la recomendación, para censurar al jefe de Estado se necesita el apoyo de las dos terceras partes del pleno de la Asamblea, es decir 92 de 137 parlamentarios.
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