El encargado de defender al jefe del Ejecutivo fue Edgar Neira, quien negó la existencia de pruebas para enjuiciar políticamente a su representado por las irregularidades en un contrato entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la compañía Amazonas Tankers.
En su exposición ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento), Neira negó que el gobernante estuviera al tanto de hechos ilícitos en Flopec y rechazó que el desvío de recursos en esa entidad beneficiara a terceros, como manifestó la acusación.
Tras unas dos horas, el abogado concluyó su exposición y de esa manera terminó la etapa de pruebas de cargo y descargo.
La legisladora oficialista Ana Belén Cordero, presidenta encargada de la Comisión, negó la solicitud del vicealmirante Johnny Estupiñán, exgerente general de Flopec, de declarar ante el colectivo debido a que él fue citado y en ese momento decidió no presentarse.
Para la asambleísta Viviana Veloz, una de las solicitantes del juicio político, el testimonio de Estupiñán es esencial debido a que él alertó a Lasso de los problemas en Flopec.
Tienen miedo de que Estupiñán le revele la verdad al país sobre la responsabilidad política de Lasso, quien auspició y permitió la distracción de fondos públicos, afirmó Veloz en declaraciones a la prensa.
Aseguró también que el juicio político está ahora más vivo que nunca, pues las pruebas le dan la razón.
A partir de mañana comienza a correr el plazo de 10 días para la elaboración de un informe por parte de la Comisión de Fiscalización, que debe recomendar o no la destitución de la máxima autoridad del país.
No obstante, la última palabra la tendrá el pleno de la Asamblea, donde son necesarios 92 votos de los 137 legisladores para aprobar el juicio político y censurar a Lasso.
Se espera que la votación final ocurra en la tercera semana de mayo, según el cronograma establecido para estos casos.
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