Informes del Ministerio de Justicia señalaron además que el Plan de Control Territorial (PCT) que aplica el gobierno contra los grupos delincuenciales garantiza que los mismos no vuelvan a reorganizarse y retomen la actividad que llevó a El Salvador a ser uno de los países más violentos e inseguros del mundo.
La información precisó que los arrestados se elevan a 68 mil 28 luego de 13 meses de aplicación del régimen de excepción aprobado el 27 de marzo de 2022 para arropar el PCT en el enfrentamiento a las bandas que surgieron décadas atrás en la urbe californiana de Los Angeles, Estados Unidos.
El Ministerio precisó que en los 13 meses transcurridos fueron ocupados a esos grupos dos mil 698 armas de fuego, tres mil 571 vehículos, 16 mil 437 teléfonos celulares, así como una importante cantidad de dinero en efectivo.
Las acciones de la Policía Nacional Civil, apoyada por la Fuerza Armada, permitió que hasta hoy el país sume 85 días sin asesinatos y abril se encamina a ser el mes más seguro de la historia salvadoreña, tras igualar las 22 jornadas de enero cuando aún faltan tres jornadas para concluir, destacan autoridades.
En lo que va de la gestión del presidente Nayib Bukele el total de días acumulados sin asesinatos es de 355, según la información policial.
El gobierno ofrece la suma de detenidos como un gran éxito de su política de seguridad y reducción de los homicidios, pese a reiteradas denuncias del arresto de cerca de 20 mil supuestos inocentes de pertenecer a las pandillas y frecuentes violaciones de los derechos humanos en las cárceles del país.
La organización Socorro Jurídico denunció el arresto indiscriminado de personas en El Salvador por ser presuntos pandilleros, un asunto que es motivo de preocupación aquí.
La entidad defensora de los derechos humanos indicó que al menos 20 mil de los cerca de 68 mil apresados por las autoridades no son pandilleros, algo que coincide con informes de otras fuentes, las cuales señalan que en muchas ocasiones la policía y la Fuerza Armada detienen a personas sin pruebas de ser parte de las bandas.
Ingrid Escobar, representante del Socorro Jurídico, aseveró que los arrestados son víctimas de tortura, golpizas y violaciones sexuales en los centros penales, donde algunos entran vivos y salen en ataúdes que son entregados sellados a los familiares, y en ocasiones van a fosas comunes.
oda/lb
