De acuerdo con medios locales, en los centros educativos de las provincias de Guayas, Esmeraldas, Manabí y El Oro, donde asedia la delincuencia, el narcotráfico, sicariato y las bandas organizadas, cientos de familias dejaron de enviar a sus hijos a clases.
Desde el pasado lunes, la Policía Nacional dispuso que unos 169 planteles docentes en el litoral ecuatoriano reciban custodia con cerca de mil 172 agentes de seguridad.
Sin embargo, el presidente de la Unión Nacional de Educadores de Guayas, Hilario Beltrán, cuestionó el plan Escuelas Segura porque los patrullajes no se cumplen en su totalidad, advirtió.
De igual manera, Beltrán aseguró que a los docentes y padres de familia les preocupa que los estudiantes estén siendo captados por organizaciones criminales, para consumo y venta de droga.
Los padres están aterrorizados por la inseguridad y eso lleva a la deserción escolar, afirmó Beltrán al diario El Comercio.
La pasada semana, Beltrán también manifestó que las unidades docentes en el litoral han sido las más afectadas por el invierno y el sismo del pasado 18 de marzo.
Los estudiantes allí no podrán retornar a clases porque los padres de familia no tienen recursos para una modalidad a distancia o virtual, dijo el funcionario en declaraciones a la prensa local.
Beltrán destacó que las fuertes lluvias de las últimas semanas en la nación andina agravaron la situación de los establecimientos educativos en cantones como Milagro, Yaguachi, Colimes, Salitre.
Las inundaciones han impedido que los maestros puedan llegar a las escuelas, sin embargo -alertó- esas unidades educativas no reciben mantenimiento desde antes de la pandemia de la Covid-19.
El pasado lunes, el Ministerio de Educación de Ecuador dispuso el inicio de las clases del año lectivo 2023-2024 en las escuelas fiscales (públicas) del régimen Costa-Galápagos, aunque el proceso se realizará de forma escalonada debido a la inseguridad y las afectaciones invernales en la mayoría de las instituciones educativas en esa zona, alertaron los funcionarios.
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