“Para enfrentar la ola de inseguridad ciudadana y atender la crisis migratoria, expulsaremos a los indocumentados del país y no se permitirá el ingreso de personas que no presenten sus documentos en regla. Estas son las primeras medidas que tomamos como Gobierno”, señaló en un mensaje e Twitter.
El influyente funcionario, que difundió el mensaje desde su aislamiento médico en el que se mantiene afectado de Covid-19, agregó que la reciente ley que da un plazo de seis meses a migrantes indocumentados que trabajan honradamente para regularizar su situación.
“Todos somos migrantes y por eso les recalco: nuestra política no es contra un grupo, es una medida para proteger al Perú y enfrentar la ola de violencia”, aseveró, al citar recientes asesinatos de peruanos, con extrema crueldad y cometidos por delincuentes extranjeros.
Señaló que por esas víctimas “tomamos el toro por las astas, porque todos estos crímenes fueron de execrable violencia y saña criminal, como nunca antes se han visto en el país”, pues “no podemos permitir que una familia más vuelva a enlutarse por crímenes como estos”.
Otárola hizo la declaración tras casi tres semanas de iniciada la crisis migratoria por la decisión del Gobierno de Chile de permitir la salida a Perú de migrantes sin documentación en regla, situación que Lima argumenta para negarles el paso para que sigan hacia sus países.
Las cancillerías de Perú y Chile mantienen conversaciones en aras de una solución, tras fricciones diplomáticas, y solo han anunciado medidas humanitarias para aliviar la situación de los migrantes de Colombia, Venezuela, Ecuador y Haití, entre los cuales hay un cubano, según dijo el parlamentario andino Gustavo Pacheco.
Entre las opciones de salida a la crisis migratoria destaca la del Gobierno de Venezuela, de enviar un avión para llevar a su país a los migrantes de esa nacionalidad, en el marco del programa “Vuelta a la Patria” y previo un acuerdo acorde con la legalidad de cada país y garantías para el aterrizaje y el despegue.
Las garantías, según Pacheco, están referidas al antecedente de que un avión venezolano fue incautado en Argentina en junio de 2022 por las llamadas sanciones de Estados Unidos contra el país bolivariano, parte del bloqueo que le aplica Washington por razones políticas.
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