Cinco asambleístas de los nueve que conforman la mesa legislativa se pronunciaron contra el texto, elaborado por un equipo de asesores de la Asamblea y que niega la existencia de pruebas para enjuiciar al mandatario.
No estoy conforme con ese informe borrador, sostuvo el parlamentario Roberto Cuero, de Unión por la Esperanza (UNES), y agregó que ni él ni sus colegas están “en capacidad de hacer un asunto probatorio de peculado”.
La también integrante de la bancada de UNES, Gabriela Molina, aseguró que la responsabilidad política del gobernante sí se probó.
“Él conocía de la corrupción en la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y permitió una prórroga del contrato”, aseveró.
Otro miembro de esa fuerza política, el legislador Comps Córdova propuso modificar el borrador e incorporar algunas observaciones, pero el jefe de la Comisión, Fernando Villavicencio, se opuso a someter a votación esa sugerencia e inmediatamente clausuró la sesión.
La reunión de este sábado comenzó poco después de las 10:00 (hora local) y se extendió por más de seis horas, cuatro de ellas destinadas a la lectura del documento de casi 300 páginas.
Aún cuando la Comisión no aprobó ese texto, el procedimiento contra el mandatario continuará en el pleno de la Asamblea, explicó la asambleísta Viviana Veloz, una de las proponentes del juicio político.
En declaraciones a la prensa al concluir la sesión, la legisladora aclaró que el informe no es vinculante.
Comentó que como los aliados del jefe del Ejecutivo no tienen los votos para salvarlo, recurren a “leguleyadas”.
Ahora depende del jefe de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocar a todos los integrantes del legislativo para discutir el asunto “por el bienestar de Ecuador y de la democracia”, afirmó Veloz.
El presidente Lasso es acusado de conocer las irregularidades en un contrato para transporte de crudo entre Flopec y la empresa Amazonas Tanker y, a pesar de ser lesivo para el Estados, no hizo nada para suspenderlo.
De acuerdo con el cronograma establecido para esos casos, la votación definitiva sobre el futuro de la máxima autoridad del país podría ocurrir en la segunda quincena de mayo.
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