El borrador del documento recomendará archivar el proceso por falta de argumentos, adelantó el jefe de esa mesa legislativa, Fernando Villavicencio.
Una vez analizadas las pruebas de cargo y descargo, así como la contestación a las acusaciones políticas presentadas, la Comisión, sobre la base de los aportes y comparecencias, concluye que el jefe del Ejecutivo no ha incurrido en el presunto delito de peculado, indicó el parlamentario.
En la acusación se señaló que en julio del año pasado se firmó un nuevo convenio entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana y la empresa Amazonas Tanker, sin embargo, «ese contrato no existe», insistió el asambleísta.
El borrador señala que el convenio no se firmó en la gestión de Lasso, sino en época de Lenín Moreno (2017-2021), por lo cual el actual presidente no habría incurrido en ningún delito.
El abogado Esteban Ron apuntó que Villavicencio no es juez, por lo cual no puede calificar o proceder con esa afirmación.
La acusación, por su parte, asegura que el jefe de la Comisión actúa como defensor del gobernante y reconocen que, aunque el contrato se firmó en 2018, se renovó automáticamente en 2022, pero desde entonces Lasso no hizo nada para impedir las irregularidades.
Más allá de las opiniones, ni la opinión de Villavicencio ni el borrador del informe significan que sea el fin del proceso de enjuiciamiento.
Este sábado, los miembros de la comisión deberán discutir el texto y votarlo, pero más allá de la decisión que tomen, la última palabra la tiene el plenario de la Asamblea.
De acuerdo con el cronograma establecido para esos casos, la última votación podría ocurrir en la segunda quincena de mayo.
La asambleísta Viviana Veloz, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) y una de los proponentes del enjuiciamiento calificó el informe anunciado por Villavicencio como “burla para un país que enfrenta una grave crisis”.
Él sabe que no tiene apoyo en la Comisión para aprobar su mamotreto, no recogió los criterios jurídicos y técnicos de los testigos ni de los parlamentarios que sí están de acuerdo en dar paso al procedimiento, señaló Veloz en un video publicado en su cuenta de Twitter.
Entretanto, el Gobierno está confiado en que no habrá los 92 votos necesarios para censurar al jefe del Ejecutivo, según manifestó el legislador Juan Fernando Flores, jefe de la bancada oficialista.
El Partido Social Cristiano (PSC) -fuerza política de derecha, aliada de Lasso al inicio de su mandato y ahora de oposición- denunció la negociación de votos para salvarlo de la destitución.
Mediante un comunicado el PSC culpa a la administración de comprar conciencias dentro de su bancada, lo cual ha llevado a que tres asambleístas dejen la tolda socialcristiana a cambio de cargos en provincias.
En medio de las pugnas, el futuro de Lasso sigue en juego, aún cuando sus aliados hacen todo para evitar su salida del poder y en un contexto de rechazo popular a la gestión gubernamental.
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