El jefe de esa mesa legislativa, Fernando Villavicencio, anunció que notificó formalmente al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, sobre los resultados del informe que pide archivar el enjuiciamiento al mandatario, el cual fue rechazado la víspera por miembros de la Comisión.
De esa forma, ya corren los plazos para que Saquicela divulgue esas conclusiones entre el resto de los asambleístas y posteriormente convoque a una sesión para iniciar el debate, donde tanto la acusación como la defensa tendrán espacio para exponer sus criterios.
Este sábado cinco legisladores de los nueve que conforman la Comisión de Fiscalización se pronunciaron contra el informe, elaborado por un equipo de asesores de la Asamblea y que niega la existencia de pruebas para enjuiciar al mandatario por el delito de peculado.
No estoy conforme con ese texto, sostuvo el parlamentario Roberto Cuero, de Unión por la Esperanza (UNES), y agregó que ni él ni sus colegas están “en capacidad de hacer un asunto probatorio de peculado” porque ese es un juicio político y no penal.
La también integrante de la bancada de UNES, Gabriela Molina, aseguró que la responsabilidad política del gobernante sí se probó. “Él conocía de la corrupción en la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y permitió una prórroga del contrato”, aseveró.
Otro miembro de esa fuerza política, el legislador Comps Córdova propuso modificar el borrador e incorporar algunas observaciones, pero el jefe de la Comisión, Fernando Villavicencio, se opuso a someter a votación esa sugerencia e inmediatamente clausuró la sesión.
Eso es vergonzoso e ilegal, afirmó la asambleísta de UNES Gissela Garzón, quien a través de sus redes sociales explicó que conforme al procedimiento correspondía discutir ajustes y recomendaciones de los otros miembros del grupo antes de votar.
Aún cuando la Comisión no aprobó el documento, el procedimiento contra el mandatario continuará en el pleno de la Asamblea, explicó Viviana Veloz, una de las proponentes del juicio político.
En declaraciones a la prensa al concluir la sesión, la legisladora aclaró que el informe no es vinculante y que los aliados del jefe del Ejecutivo quieren salvarlo recurriendo a “leguleyadas”.
El presidente Lasso es acusado de conocer las irregularidades en un contrato para transporte de crudo entre Flopec y la empresa Amazonas Tanker y, a pesar de ser lesivo para el Estados, no hizo nada para suspenderlo.
De acuerdo con el cronograma establecido para esos casos, la votación definitiva sobre el futuro de la máxima autoridad del país podría ocurrir en la segunda quincena de mayo.
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