En diciembre de 2020 el Gobierno de El Salvador puso bajo secreto por varios años la mayoría de la información oficial relacionada con la atención de la pandemia de Covid-19, incluidos los datos vinculados con el manejo hospitalario, compras de alimentos e informes de la Policía.
De igual forma, la cartera de Salud, a cargo del ministro Francisco Alabí, puso bajo reserva la información sobre los centros de contención instalados por el Gobierno y en los que, según organizaciones sociales, se violaron derechos humanos.
La decisión del Minsal se dio siete días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) allanara su sede y otras oficinas gubernamentales en el marco de al menos 17 investigaciones sobre indicios de supuesta corrupción en el manejo de fondos públicos.
Asimismo, el Ministerio de Agricultura censuró el acceso a los expedientes relacionados con un «examen especial» de fiscalización realizado a esta cartera de Estado sobre la compra y la distribución de ayuda alimentaria para personas afectadas por la pandemia.
Medios locales indicaron en esa época que solo en una primera entrega de alimentos a la población se gastaron 151,9 millones de dólares.
También el Ministerio de Hacienda declaró la reserva por cinco años de la información generada «durante el desarrollo de la emisión y colocación» de títulos valores cuya «finalidad sea la obtención de recursos financieros».
La situación resurgió en los últimos días tras el anuncio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del fin a más de 3 años de emergencia internacional por la Covid-19 cuando expertos en transparencia pidieron se levantaran las reservas de información en el tema.
Entre la información reservada por el gobierno se encuentra aquella relacionada con la adquisición de vacunas y mascarillas, el plan nacional de vacunación, las pruebas realizadas a la población, o el uso de fondos para compra de alimentos con que se elaboraron canastas alimenticias.
Parte de esta información sería clave para entender las denuncias por irregularidades en la compra millonaria de insumos para atender la pandemia, y también forma parte de la información contenida en una docena de casos presentados a la Fiscalía como investigaciones por posibles indicios de corrupción, aseguró el diario La Prensa Gráfica. Los académicos Jessica Estrada, directora de transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo y Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, ambas organizaciones no gubernamentales, opinaron que el cerrojo a la información debe levantarse ya que las reservas no fueron justificadas.
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