“Una vez más buscan intimidarme y amenazarme. ¡No lo lograrán! Guillermo Lasso usted hace de la persecución e intimidación su práctica cotidiana para sostenerse en el cargo”, escribió la legisladora en su cuenta de Twitter, donde compartió una foto del mensaje recibido.
Desde que comenzaron las investigaciones de las denuncias de corrupción y supuestos vínculos con el narcotráfico, Veloz, quien pertenece al movimiento Revolución Ciudadana (RC), ha recibido mensajes intimidatorios contra ella y su familia.
En el mes de febrero, la parlamentaria presentó una denuncia ante la Fiscalía y responsabilizó al Gobierno de lo que le pueda pasar a ella y también a su equipo de trabajo o a sus seres cercanos.
El pasado martes la oposición logró imponerse a favor de continuar el proceso para enjuiciar políticamente al mandatario por el delito de peculado con 88 votos, aunque esa cantidad es aún insuficiente para sacar al gobernante del poder, pues es necesario el respaldo de 92 asambleístas.
Si bien el Gobierno insiste en la inocencia de Lasso, la legisladora Gissela Garzón, de la RC, explicó a Prensa Latina que sí existen pruebas de su responsabilidad política.
Está el contrato entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker en el cual está basada la denuncia, así como tres informes que indican el perjuicio para el Estado del convenio mencionado, apuntó Garzón.
Se espera que la próxima semana el gobernante acuda a la Asamblea Nacional a ejercer su derecho a la defensa y los legisladores discutan sobre el tema.
La votación final para decidir sobre la posible censura y destitución del jefe del Ejecutivo podría tener lugar alrededor del 20 de mayo.
Asambleístas de diversos partidos acusan al Gobierno de negociar votos para salvar al mandatario, mientras un 80 por ciento de la ciudadanía desaprueba su gestión y piden su salida del poder.
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