La sesión, marcada para las 10:00 (hora local), comenzará con la presentación de los argumentos de la acusación y dos legisladores interpelantes tendrán dos horas para exponer las pruebas halladas durante el proceso.
Serán los asambleístas Viviana Veloz, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), y Esteban Torres, del Partido Social Cristiano (PSC), quienes expondrán los indicios de responsabilidad política del gobernante.
Según la acusación, Lasso incurrió en el delito de peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la empresa Amazonas Tanker, y aún así no actuó para evitar mayores perjuicios para el Estado.
Luego, el mandatario ecuatoriano tendrá tres horas para presentar su alegato de defensa.
Ambas partes tendrán derecho a réplica por una hora, explicó el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela.
Finalizada su participación, Lasso, deberá salir del plenario para comenzar el debate entre los legisladores.
Ese momento podría prolongarse por varios días, debido a que los 137 asambleístas tienen derecho a hablar por 10 minutos cada uno.
Una vez concluida la discusión, se convocará a otra sesión días después para resolver definitivamente, con base a las pruebas de cargo y descargo, si aprueban o no la destitución del presidente.
El martes pasado, 88 legisladores votaron a favor de realizar el juicio político, sólo cuatro votos menos de los 92 necesarios para sacar del poder al jefe del Ejecutivo.
En caso de llegar a la cantidad suficiente para censurarlo, deberá asumir el vicepresidente, Alfredo Borrero, por el tiempo restante del actual periodo, o sea, hasta 2025.
Mientras el Gobierno asegura que el mandatario es inocente, el enjuiciamiento tiene lugar en medio de un contexto de rechazo popular a Lasso, con más del 80 por ciento de desaprobación a su gestión, según las encuestas.
Organizaciones sociales convocan a la ciudadanía a manifestaciones este martes en las afueras de la Asamblea para exigir a los legisladores la aprobación del juicio y la destitución de Lasso.
Por su parte, el secretario jurídico de la presidencia, Juan Pablo Ortiz, afirmó que está listo el decreto para aplicar la denominada muerte cruzada, si el gobernante decidiera utilizar esa herramienta constitucional para disolver el Legislativo y anticipar elecciones.
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