La legisladora, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), dio a conocer ante el resto de los parlamentarios las pruebas de que el jefe del Ejecutivo «siempre conoció la corrupción en empresas públicas y no hizo nada para evitarlo».
Presidente, hoy no podrá huir ni esconderse detrás de los pantalones de sus abogados, expresó Veloz en esta primera jornada del proceso de juicio político, que podría adelantar el fin del mandato de Lasso.
La parlamentaria expuso argumentos para probar que el gobernante sabía de las irregularidades en un contrato en la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la empresa Amazonas Tanker, convenio prorrogado durante su mandato.
El presidente Lasso no se rodeó en las petroleras de gente honesta como anunciaba en entrevistas, y eso viabilizó la estructura de corrupción, indicó la interpelante.
Señaló que el mandatario puso a su amigo Hernán Luque al frente de la Coordinadora de Empresas Públicas y le dio superpoderes para controlar 14 mil millones de dólares de las compañías estatales.
Usted le va a rendir cuentas a Ecuador porque es responsable de la administración pública, enfatizó.
Veloz se refirió también a la situación social del país, en particular la creciente inseguridad.
Al respecto, aseveró que la historia recordará a Lasso por un legado de sangre, muerte y dolor.
Al finalizar su exposición subrayó que no solo será suficiente la responsabilidad política para destituir a la máxima autoridad del país, sino su procesamiento penal.
El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) Esteban Torres, otro de los interpelantes, centró su presentación en la legalidad del procedimiento, validado por la Corte Constitucional, sin arbitrariedades, ni limitaciones a la defensa.
En medio de un fuerte despliegue de seguridad se espera después del mediodía de este martes la presencia de Lasso en la Asamblea para presentar su alegato de defensa.
Ministros y miembros del gabinete están presentes en el plenario para respaldar a Lasso durante su intervención.
Manifestantes en las afueras del recinto legislativo apoyan al gobernante, aunque existen denuncias de presiones del Gobierno para obligar a funcionarios públicos a asistir al mitin.
Representantes de organizaciones sociales convocaron a salir también a las calles en la tarde para pedir la destitución del mandatario, rechazado por más del 80 por ciento de la población, según encuestas.
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