Por Luis Beatón
Corresponsal jefe en El Salvador
Esto es una parte mínima de lo que fue testigo el país en los últimos años y que cambió la vida de la población. Contado desde aquí y citando a testigos entrevistados por El Faro, una de las publicaciones que más investigó sobre el tema de la pandillas en El Salvador, hacemos una aproximación a un problema de actualidad.
Una encuesta on line del Diario La Página, al cumplirse en la semana del 7 al 13 de mayo 365 días sin homicidios cometidos por las pandillas, preguntaba: ¿considera usted que debe continuar el régimen de excepción?, la medida que puso el freno al accionar de esos grupos.
El 87,6 por ciento dijo SI, mientras el 12,4 por ciento expresó NO, en un total de 622 personas encuestadas.
Otros sondeos más amplios, realizados por centros de estudios de universidades salvadoreñas, encontraron un apoyo en iguales términos a una política que divide al país pero que en la mayoría de las ocasiones los preguntados se inclinan a que sea mantenida pese a presuntas violaciones de los derechos humanos.
LAS MARAS Y SU IMPACTO EN EL SALVADOR
En su accionar, estos grupos a través de todo tipo de negocios criminales extorsionaban, controlaban la prostitución, la venta de drogas al menudeo, la oferta de bebidas alcohólicas a bares, incluso robaban en las rutas de autobuses que atravesaban esa zona, comentó Oscar Martínez, periodista y editor de El Faro.
Asaltaban cada negocio que existiera en área, desde la señora que vendía un tomate hasta la que tenía la sucursal de una cadena internacional con su sede en el centro. Ese era el feudo del crimen en el país y la muestra más visible de poder.
De acuerdo con un pandillero entrevistado, se establecía una cuota que debías pagar sin quebrarte el negocio y luego te exigían otras acciones como esconder pandilleros y armas. La vida del que comerciaba en el centro era muy ingrata y siempre en peligro.
Narran los cronistas de El Faro que el centro era muy particular en las divisiones entre pandillas, apenas unos pasos te movían de un grupo a otro, la frontera era apenas de pasos. Dos metros hacia una lado era una pandilla, dos metros hacia allá, otra. Resultaba el límite entre la vida y la muerte si rebasabas un área y no estabas autorizado.
La gente en vez de caminar dos cuadras recorría 20 para evitar a las pandillas. El riesgo de morir a manos de esos grupos era grande y a veces se hacía inminente. El clan temía al espionaje.
Un diputado, incluso, propuso que se eliminara la dirección de los documentos de identidad para evitar que las pandillas supieran cuándo una persona no era de la zona.
En la época del apogeo de las maras, se recomendaba a los jóvenes no transitar por la zona pues ahí desaparecían personas con frecuencia, a veces llegaban pandilleros armados y mataban a todo el que no era del área, según un recuento radial de El Faro.
Ahora, después del régimen de excepción se frenó el aumento de homicidios. Un total de 87 muertos en tres días, en un fin de semana de marzo de 2022, dieron inicio a esta política que suspende garantías constitucionales y que se fue renovando mes tras mes. La última, la decimoquinta antes que expirara el 16 de mayo de 2023.
LO BUENO Y LO MALO DE LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL
Hay que hablar en términos favorables del enfrentamiento a las pandillas pues con la suspensión de varias garantías constitucionales, el derecho de reunión y limitaciones de derechos de defensa, se frenó el accionar de los pandilleros.
Es innegable que El Salvador de hoy nada tiene que ver con el de hace apenas un año. Usted puede salir a las calles y recorrer las zonas que antes eran peligrosas en el centro de la ciudad, sin importar la hora.
Eso muestra que militarizar de día y de noche fue una buena estrategia, según reseñó El Faro, algo que comprobó Prensa Latina en un recorrido a primeras horas de la madrugada por el llamado Centro Histórico y su entorno.
Todo indica que el enfrentamiento al problema no fue nada improvisado pues en las primeras semanas los uniformados llegaron a buscar a la gente con nombres y apellidos donde delinquían pero también se arrestaron a personas inocentes. Eso es una complejidad de esta estrategia, analizó Martínez, uno de los cronistas de El Faro, en sus valoraciones.
Entre los aspectos positivos cabe destacar que ahora los vendedores se mueven con libertad y aparentemente desapareció la extorsión. Esas gentes no pisaron por décadas zonas apenas separadas por tres metros pues podían ser asesinadas.
Todo parece indicar, valoró El Faro, que el gobierno desarticuló el peligro de las pandillas y a la vez trastrocó la vida de los salvadoreños. Fue un proceso brutal.
Lo malo, para algunos, es que reina un ambiente de régimen policial que aunque no resulta visto con buenos ojos por algunos, para otros resulta garantía de seguridad. Según Oscar Martínez, desarticular significa romper una articulación de las bandas. Los jóvenes que aún permanecen en las calles, no reciben órdenes de nadie para continuar delinquiendo.
Perdieron el control sobre sus territorios, esa es la fotografía del momento, la que ya dura varios meses. Por ejemplo, los vendedores ya no tienen que pagar extorsión y se pueden mover sin temor a ser asesinados.
Antes, incluso en comunidades como Las Cañas, en esta capital, la 18 y la MS13 dividían las áreas de influencia y las zonas de juego. Eran enemigas, incluso aunque no tuvieran relación de pandillas. Por ejemplo, si la escuela estaba en el lugar de una banda, los niños del otro bando no podían ir a ese plantel. Si iban, eso los hacía una potencial víctima.
Hoy la ciudadanía trata de curar las cicatrices que quedaron de la etapa de las pandillas, algo que hay que agradecer a la política oficial y a la militarización en el enfrentamiento a estos grupos.
QUÉ ES EL PLAN DE CONTROL TERRITORIAL
En términos formales, es la estrategia de seguridad aplicada por el gobierno que contempla siete pasos pero que solo despegó cuando se estableció el estado de excepción a partir del accionar de las pandillas el 26 de marzo de 2022.
Ese día, las bandas en venganza por la presunta ruptura de conversaciones con el gobierno y el arresto de un grupo de sus líderes que se movían en un vehículo oficial hacia Honduras, mataron a 62 salvadoreños comunes que no estaban vinculados con sus actividades.
En opinión de El Faro, se sintieron traicionadas y el 27 de marzo la respuesta oficial del gobierno fue la aplicación del régimen de excepción, una política que demostró hasta hoy ser efectiva y gozar del apoyo de la población.
Hasta ahora el informe gubernamental indica que hay más de 68 mil 500 pandilleros y presuntos colaboradores tras las rejas, incluso muchos aunque parezcan pandilleros y no sean, según denuncias.
Hay miles de personas que se pudren en las mazmorras del gobierno con un hacinamiento de 158 por ciento, decenas de muertos y los que salieron cadáveres con signos de torturas. Se están cometiendo crímenes de Estado, plantean organizaciones defensoras de los derechos humanos.
“¿Cómo empezó esto? Con un ‘homeboy’ deportado de Estados Unidos. ¿Cuándo va a terminar esto? Cuando hayamos capturado al último ‘homeboy’ en territorio salvadoreño”, aseguró el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, como reafirmación de la voluntad gubernamental de seguir adelante y evitar que en 250 cuadras un salvadoreño esté amenazado de morir.
arb/lb
