En un comunicado al cual tuvo acceso Prensa Latina, CPAZ cuestionó la legalidad de la medida impuesta por el presidente Guillermo Lasso, que disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento).
La Constitución ha sido distorsionada, pues Lasso se basa en sofismas jurídicos y políticos, mediante los cuales reconoce la existencia de una causal inexistente en la realidad como es una presunta “grave crisis política y conmoción interna”, señaló el documento.
Igualmente, en el texto CPAZ denunció que la disolución del legislativo impidió concluir el juicio político en contra del gobernante, quien estaba acusado de peculado.
La organización también rechazó las declaraciones y pronunciamientos públicos de los altos mandos militares y policiales en apoyo al presidente y los calificó de “disonantes e inapropiados”, porque su misión es velar por el Estado ecuatoriano, su integridad y permanencia, y no con un gobierno de turno.
En ese contexto, CPAZ hizo un llamado a la comunidad internacional, a los órganos y mecanismos de vigilancia y protección de derechos humanos, a mantenerse vigilantes del pleno respeto a esas garantías en la actual coyuntura nacional.
El decreto de muerte cruzada que firmó el mandatario ecuatoriano la víspera no sólo disolvió la Asamblea, sino que implica la convocatoria a elecciones anticipadas en un plazo de 90 días para votar tanto por un nuevo jefe del Ejecutivo como por los legisladores.
Paralelamente, organizaciones sociales y partidos políticos de oposición presentaron demandas ante la Corte Constitucional para impugnar la decisión del presidente, la cual califican de ilegítima e injustificada.
lam/avr
