El órgano de justicia determinó que Herrería estará a cargo de examinar la demanda de inconstitucionalidad presentada por los exasambleístas de una facción del movimiento Pachakutik, mientras que Escudero se encargará de la demanda entregada por la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) y de la Izquierda Democrática (ID).
Con este trámite, los exlegisladores solicitaron a la CC que decida si el decreto ejecutivo 741 puesto en marcha por el presidente Guillermo Lasso y que disolvió a la Asamblea Nacional (parlamento) es ilegal, o por el contrario, debe seguir en efecto.
Tras la declaratoria de esa medida por parte Lasso, varias organizaciones sociales y partidos políticos la han calificado de ilegal por no estar justificada en una de las causales previstas en la ley.
De acuerdo con la carta magna, la muerte cruzada se puede aplicar si la Asamblea Nacional se arroga funciones, si el legislativo obstruye el Plan Nacional de Desarrollo, o por una grave crisis política y conmoción interna.
Si el decreto carece de legalidad la Asamblea se mantendrá en pie con las expectativas de los ecuatorianos estos dos años, pero si por el contrario el documento tiene la validez por parte de la CC, nos iremos a elecciones, reiteró el exasambleísta, Esteban Torres del Partido Social Cristiano (PSC) al hacer entrega formal de la demanda en la sede de la institución pública.
En una entrevista ofrecida a la cadena internacional de televisión CNN, luego de la aplicación de la muerte cruzada, Lasso confirmó que él decretó la medida para impedir el retorno al país del expresidente Rafael Correa.
Es un proceso de reflexión de varias semanas, por no decir de varios meses, mirando una actitud belicosa de los opositores, quienes se dieron por plantear un juicio político acusándome de un delito que no existe, dijo el mandatario al medio de prensa.
Todas las miradas en Ecuador están enfocadas hoy en la CC a la espera de un pronunciamiento de ese órgano de justicia sobre el decreto de muerte cruzada.
Entre tanto, el Consejo Nacional Electoral ya anunció que convocará a elecciones generales anticipadas antes del 24 de mayo, es decir, en siete días, como determinan las normativas para estos casos.
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