Sus corresponsales en Washington, Jim Cason, y Nueva York, David Brooks, reportan que la crisis política sobre migración en la frontera de Estados Unidos con México podría provocar un giro en la política estadounidense hacia Cuba, incluyendo suspender algunas de las sanciones más extremas impuestas por el ex presidente Donald Trump.
Sin embargo, varios funcionarios estadounidenses activos y retirados advirtieron que persiste el mismo cálculo político doméstico que hasta la fecha ha llevado a que el presidente Biden no se atreva a restaurar ni siquiera la modesta apertura impulsada por el entonces presidente Barack Obama.
Ambos dijeron que Estados Unidos no tiene una política sobre Cuba, tiene una política sobre Florida, según comentó un asesor del Congreso a La Jornada, repitiendo lo dicho por varios funcionarios que hablan con la Casa Blanca sobre el tema y lo que ha sido secreto abierto durante décadas.
Pero este mes una diputada federal demócrata centrista, Verónica Escobar, quien representa a El Paso, Texas, junto con varios colegas de estados fronterizos, presionó al gobierno de Biden a levantar las sanciones de Trump sobre Cuba y Venezuela para atender las presiones económicas que llevan a la exclusión masiva de esos pueblos.
En Cuba, la reversa metida por Trump de descongelación de las relaciones diplomáticas del presidente Obama al apretar el embargo con nuevas sanciones sin bases, como patrocinador de terrorismo, han contribuido al declive económico de ese país, incluyendo una contracción económica de 10,9 por ciento en 2020, el más grande desde el colapso de la Unión Soviética, escribió la diputada Escobar en carta a Biden firmada por 20 legisladores.
Le instamos actuar rápidamente a levantar las sanciones económicas fracasadas e indiscriminadas que fueron impuestas por la administración anterior, y llevar a cabo una evaluación más amplia de las políticas de sanciones prexistentes que su administración heredó, las cuales exacerban las dificultades de civiles inocentes.
Ante esta crisis, el bloqueo se encuentra una vez más en el debate en Washington. El ex funcionario de la Casa Blanca, Ben Rhodes, quien ayudó a desarrollar la apertura diplomática de Obama con Cuba en 2015, comentó en entrevista con MSNBC la semana pasada que “nuestras propias políticas están contribuyendo a esto”.
Podríamos tener una conversación honesta aquí de que el embargo que tenemos sobre la isla, y las sanciones que tenemos contra Cuba y Venezuela, están contribuyendo de manera significativa a la crisis humanitaria que está impulsando a la gente hacia la frontera de Estados Unidos.
Pero no son sólo los de la frontera quienes están argumentando por un cambio. La coalición de granjeros, empresarios, religiosos y académicos que promovieron y apoyaron la apertura de Obama hacia Cuba aún existe y sigue parcialmente activa.
A principios de marzo, la senadora federal demócrata y excandidata presidencial Amy Klobuchar, de Minnesota, una vez más presentó a la cámara alta su proyecto de ley para levantar el embargo a Cuba, esta vez junto con dos senadores republicanos de Kansas, Jerry Moran y Roger Marshall, como copatrocinadores.
Y ayer, el concilio de la capital de Estados Unidos, Washington DC, aprobó una resolución condenando el bloqueo contra Cuba, algo que también ha sucedido en los últimos años en casi 30 ciudades –incluidas Boston, Chicago y Helena (Montana)– condados y hasta juntas escolares a lo largo del país.
Más aún, legislaturas estatales de Alabama, Michigan, Illinois y Minnesota también han aprobado resoluciones a favor del fin del bloqueo.
En un artículo publicado en el Boston Globe a principios de mayo, el diputado federal demócrata Jim McGovern y el recién jubilado senador liberal veterano Patrick Leahy argumentaron que el embargo está debilitando el liderazgo estadunidense en América Latina.
El dúo señala que el presidente, por orden ejecutiva, podría revertir la designación que hizo Trump de Cuba como patrocinador de terrorismo, y con ello suspender algunas de las sanciones justificadas bajo esa medida.
Es un secreto abierto en Washington que Cuba no pertenece a esa lista, y que la decisión de Trump fue políticamente motivada.
Los autores, ambos políticos veteranos, abogan por otras medidas, incluyendo suspender sanciones en la Ley Helms-Burton como lo habían hecho todos los presidentes de ambos partidos antes de Trump, permitir más viajes de estadunidenses a la isla para apoyar el sector privado y ampliar el comercio agrario.
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