En entrevista exclusiva a Prensa Latina, el líder social señaló que esa decisión, con la cual quedó disuelta la Asamblea Nacional (Parlamento), permite al jefe del Ejecutivo gobernar mediante decretos leyes que ponen en riesgo las libertades democráticas del pueblo ecuatoriano y sus derechos.
Con los decretos que el Gobierno quiere implementar -previo dictamen de la Corte Constitucional- se permitirá la privatización de empresas estatales cuando exista la posibilidad de inversión privada, ejemplificó Erazo. Se refirió, además, a las declaraciones del ministro de Trabajo, Patricio Donoso, sobre la aplicación de una reforma laboral que perjudicará a los empleados.
La muerte cruzada no busca resolver los problemas de los trabajadores y el pueblo en general, sino profundizar el neoliberalismo, insistió.
El líder del Frente Popular también criticó al ministro del Interior Juan Zapata, quien manifestó la intención de reprimir las acciones que se opongan a la ejecución del decreto presidencial, y en su opinión “es evidente que estamos viviendo un remedo de dictadura”.
Ante todos estos hechos -subrayó- debemos proteger la democracia y los derechos políticos de los ciudadanos y por eso presentamos este jueves una demanda de inconstitucionalidad para impugnar el decreto 741, referido a la muerte cruzada.
Puntualizó que esa decisión de Lasso carece de legalidad porque en estos momentos la nación no se encuentra en medio de una grave conmoción social, como justificó el mandatario, “él solamente quería salvarse de la destitución mediante el juicio político”.
Un mandatario sin respaldo, abandonado hasta por sus coidearios, no puede estar al frente del país en el actual contexto de inseguridad y pobreza, aseveró Erazo.
En sus declaraciones a esta agencia comentó que la principal respuesta que le dará el Frente Popular al gobierno nacional será en las calles.
“Si Lasso piensa que le será fácil imponer las privatizaciones en el país, se equivoca; si piensa eliminar mediante decretos los derechos laborales, se equivoca; si pretende apropiarse de los recursos de los afiliados y jubilados a la seguridad social, también se equivoca”, sentenció.
En caso de confirmarse las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas -como prevé el decreto de muerte cruzada-, indicó que apoyarán candidatos capaces de representar a todos los ecuatorianos, diferentes de los gobiernos anteriores.
Por el momento, existen cinco demandas de inconstitucionalidad contra el decreto 741 de Lasso, que dispuso la disolución de la Asamblea Nacional, basada en el artículo 148 de la Constitución.
Diversos actores políticos y sociales presentaron las solicitudes de impugnación, entre ellos miembros del partido Social Cristiano junto a integrantes de Izquierda Democrática, integrantes de Pachakutik, el expresidente del Legislativo Virgilio Saquicela, el Frente Popular y otras organizaciones sociales.
npg/avr
