Este jueves, Geovanny Atarihuana, representante del movimiento Unidad Popular, declaró a la prensa que el recurso explica cómo en el país no existe conmoción social y no hay razón para la disolución de la Asamblea Nacional (Parlamento).
Por esa razón, solicitó a la CC emitir medidas cautelares para que suspenda la vigencia del decreto 741, referido a la muerte cruzada.
El hecho de que el presidente estuviera asustado, porque además de tener el rechazo popular no pudo comprar los votos suficientes para salvarse del juicio político, no es una causal para activar el mecanismo que disuelve la Asamblea y anticipa elecciones, subrayó Atarihuana.
En su opinión, el mandatario pretende gobernar durante los próximos seis meses con decretos que afectarían a la ciudadanía, como la anunciada reforma laboral y modificaciones a la ley de hidrocarburos para facilitar la privatización, entre otras.
Convocamos al pueblo a resistir a este gobierno incapaz, autoritario y corrupto en las calles, en las cortes y, llegado el momento, en las urnas con la elección de autoridades preocupadas por los problemas de los ecuatorianos, instó el activista que acudió a la CC acompañado de estudiantes, profesores, mujeres y trabajadores.
Ya hay más de cinco demandas de inconstitucionalidad contra el decreto 741 de Lasso, que dispuso la disolución del Parlamento, basado en el artículo 148 de la Constitución.
Diversos actores políticos y sociales presentaron las solicitudes de impugnación, entre ellos miembros del partido Social Cristiano junto a integrantes de Izquierda Democrática, miembros de Pachakutik y el expresidente del Legislativo Virgilio Saquicela.
La CC no se ha pronunciado al respecto y legalmente no tiene fecha límite para emitir un fallo relacionado con esos recursos.
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