De acuerdo con el ministro de Gobierno de la nación sudamericana, Henry Cucalón, tras la activación de la muerte cruzada que disolvió el legislativo, Lasso solamente podrá emitir decretos de materia económica que sólo pasan por la revisión de la Corte Constitucional (CC).
En este sentido, Cucalón detalló que ya emitieron el decreto para que entre en vigor la ley tributaria presentada la semana pasada ante el legislativo y que aún no había sido discutida.
El titular anunció además que Lasso prepara nuevas reformas sobre incentivos y empleo que serán presentadas en los próximos días o semanas.
La reforma laboral -dijo Cucalón- es uno de los ofrecimientos de campaña de Lasso, y está pendiente desde hace dos años.
Sin embargo, todas las miradas en Ecuador están enfocadas hoy en la CC a la espera de un pronunciamiento de ese órgano de justicia sobre el decreto de muerte cruzada.
A propósito, varias organizaciones sociales y partidos políticos han calificado de ilegal esa medida, por no estar justificada en una de las causales previstas en la ley.
De acuerdo con la Carta Magna, la muerte cruzada se puede aplicar si la Asamblea Nacional se arroga funciones, si el legislativo obstruye el Plan Nacional de Desarrollo, o por una grave crisis política y conmoción interna.
En este sentido, los exasambleístas Esteban Torres del Partido Social Cristiano (PSC) y Yeseña Guamaní de Izquierda Democrática (ID) presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la CC.
Si el decreto carece de legalidad la Asamblea se mantendrá en pie con las expectativas de los ecuatorianos estos dos años, pero si por el contrario el documento tiene la validez por parte de la CC, nos iremos a elecciones, reiteró Torres al hacer entrega formal del documento en la sede de la institución pública.
Hasta ahora la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre la legalidad del decreto, que permite a Lasso continuar en el poder por al menos seis meses y gobernar ese tiempo mediante medidas ejecutivas.
Entre tanto, el Consejo Nacional Electoral ya anunció que convocará a elecciones generales anticipadas en siete días, como determinan las normativas para estos casos.
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