En una entrevista ofrecida a la cadena internacional de televisión CNN, Lasso confirmó que él emitió el decreto para impedir el retorno al país del expresidente Rafael Correa, un argumento diferente al mencionado en la declaratoria oficial de la medida, donde alega grave conmoción social.
Analistas apuntan que con los comicios anticipados, previstos en el decreto, quien más posibilidades tiene de ganar es justamente la Revolución Ciudadana (RC), movimiento liderado por Correa, que ya demostró su fuerza en las elecciones seccionales de febrero pasado.
En sus declaraciones a CNN, Lasso manifestó además que con su decisión no rompió el ciclo democrático y que, por el contrario, lo hizo como un “acto de generosidad”, ya que redujo, según dijo el mandatario, su tiempo al frente del país de dos años restantes a cuatro o cinco meses.
Las revelaciones del mandatario generaron cuestionamientos, justo cuando las miradas en Ecuador están enfocadas hoy en la Corte Constitucional (CC), a la espera de un pronunciamiento de ese órgano de justicia sobre la legalidad de la muerte cruzada.
De acuerdo con la Carta Magna, este mecanismo se puede aplicar si la Asamblea Nacional se arroga funciones, si el Legislativo obstruye el Plan Nacional de Desarrollo, o por una grave crisis política y conmoción interna.
En este sentido, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, al referirse a las palabras de Lasso a la CNN, cuestionó que el Jefe de Estado nunca mencionó conmoción interna alguna, sino que quería disolver la Asamblea para evitar su destitución.
Gobierna un zoquete que ni siquiera es consistente de las mentiras que él mismo inventa, expresó en Twitter el parlamentario andino y también miembro de la RC Virgilio Hernández, en referencia al argumento utilizado para dar paso a la muerte cruzada.
La CC determinó que los jueces Enrique Herrería y Jhoel Escudero serán los encargados, por ese órgano de justicia, de analizar los pedidos de inconstitucionalidad del decreto de muerte cruzada.
De esa forma, la CC -que no tiene fecha límite para emitir un fallo- debe decidir si el decreto ejecutivo 741, puesto en marcha por el presidente Lasso y que disolvió al Parlamento, es ilegal, o por el contrario, debe seguir en efecto.
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