La institución dio tres días al Ejecutivo para presentar sus argumentos sobre la necesidad de esas normativas remitidas a la CC, luego de que el presidente Guillermo Lasso disolviese el legislativo mediante la llamada muerte cruzada.
El plazo para presentar la justificación vence mañana 31 de mayo.
La CC analizará el próximo 6 de junio la solicitud de Lasso de aplicar la oficialmente denominada Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, la cual plantea cambios según el Ejecutivo para aliviar las finanzas de los hogares ecuatorianos.
Luego, el 8 de junio, la instancia judicial evaluará otro decreto ley enviado por el jefe de Estado para la Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo, que incluye la creación de zonas francas como iniciativa privada, pública o mixta.
Analistas y líderes de organizaciones sociales manifestaron su preocupación por que esas medidas profundizan el modelo neoliberal en el país.
A propósito, el economista y excandidato a la presidencia Andrés Arauz alertó que con esa normativa de las zonas francas Ecuador podría pasar a ser un paraíso fiscal, beneficiando a la banca y facilitando el narcolavado.
En estos momentos, sin el funcionamiento del legislativo, el presidente está facultado para gobernar mediante decretos, pero sólo pueden ser de materia económica urgente y deben contar con el aval de la CC.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) de Ecuador convocó a una veeduría ciudadana para vigilar las medidas que adopte el mandatario en este periodo sin Asamblea Nacional (Parlamento), aunque sus dictámenes no tendrían carácter vinculante.
Lasso busca consagrar aún más el esquema empresarial que vienen implementando en el país desde 2017, afirmó el historiador Juan Paz y Miño en entrevista exclusiva con Prensa Latina.
En su opinión, esas reformas y otras que llegarán en los próximos días buscan fortalecer las rentabilidades privadas, manteniendo cercado al Estado y sus capacidades de control.
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