En un video difundido en sus redes sociales, Salazar aseguró contar con los elementos de convicción necesarios para acusar a Glas y a otros exfuncionarios públicos (Carlos Bernal y Pablo Ortiz), por lo que solicitó fecha y hora para formular cargos en su contra.
De acuerdo con la fiscal, la Contraloría General del Estado determinó presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción de la vía Manta–Colisa, de 22 kilómetros, por más de 68 millones dólares, recursos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad.
Coincidentemente, Salazar activa estas causas en medio de acusaciones en su contra por presunto plagio de su tesis, para lo cual estaba citada a una sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero no asistió.
Glas es considerado el símbolo del “lawfare” en Ecuador, donde la persecución desatada por el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) contra seguidores del exmandatario Rafael Correa (2007-2017) obligó a muchos de ellos a exiliarse.
El antiguo vicegobernante recibió el beneficio de la prelibertad el pasado 28 de noviembre, luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos, respectivamente.
Juristas y activistas por los derechos humanos coinciden en que no existen pruebas para demostrar ninguno de los delitos por los cuales Glas es acusado.
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