Según el mandatario, con el decreto 755, suscrito este jueves, se terminó “el absurdo de que el policía debe esperar a que el delincuente le dispare o dispare a un ciudadano para actuar”.
La oficialmente denominada Ley del Uso Legítimo de la Fuerza respalda a los uniformados y guiará a jueces y fiscales en casos de que miembros de la fuerza pública lleguen a ser enjuiciados por el cumplimiento de su trabajo, argumentó Lasso.
El secretario de Seguridad Pública, Wagner Bravo, indicó que la normativa tiene como objetivo que todos los ciudadanos conozcan cuáles son los mecanismos que tiene el Estado para usar la fuerza de manera progresiva.
“Esto no quiere decir que los uniformados vayan por ahí disparando”, aclaró Bravo.
Advirtió que quienes deben estar preocupados por el reglamento son quiénes cometen delitos y añadió que solamente el uno por ciento de la población será afectada con la aplicación de esta norma.
Por su parte, el ministro del Interior Juan Zapata anunció que en los próximos días suscribirá un convenio con la Corte Nacional de Justicia para que miembros de la Policía Nacional puedan utilizar unas 35 mil armas incautadas a delincuentes.
Ecuador se encuentra en medio de un escenario de violencia e inseguridad, que el Gobierno atribuye a la disputa de bandas delictivas por el control del tráfico de drogas.
El país cerró el 2022 con 25 homicidios por cada 100 mil habitantes, la mayor tasa de su historia, por lo que expertos sugieren una estrategia a largo plazo contra la inseguridad, que incluya inversiones para el fortalecimiento de la fuerza pública y el desarrollo social.
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