Tras 10 meses de discusiones, el texto comenzó a ser ratificado por las organizaciones sindicales mayoritarias, mientras que otras como Fuerza Obrera y CFE-CGC esperan tomar una decisión en los próximos días.
Gracias a este convenio los interlocutores sociales pasarán a gestionar el superávit del fondo de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, bajo control del Seguro Nacional de Enfermedad, y que cuenta con un presupuesto de más de 2 mil millones de euros.
Mientras la patronal pretende destinar su parte a financiar casi en su totalidad las cotizaciones de los empresarios, los sindicatos quieren utilizar el resto para aumentar el gasto en prevención y «mejorar las indemnizaciones» que reciben las víctimas de accidentes y enfermedades laborales.
Además el Gobierno tiene previsto recurrir a este fondo por un importe de más de mil millones de euros, para financiar a partir de 2024 su reforma de las pensiones.
La CFDT se felicitó por la consecución de este «ambicioso acuerdo» y sus «avances sociales», mientras que la CGT lo consideró “un paso adelante” que «responde parcialmente» a la «falta de recursos y personal» en la rama más pequeña de la Seguridad Social, el tercero de los sindicatos firmantes fue la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos (CFTC).
Con la firma de estas tres organizaciones se supera el 50 por ciento del total de representación sindical a nivel nacional, lo que obliga al Gobierno a aprobar sin demora este acuerdo alcanzado por los interlocutores sociales.
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