Señalé que la disposición es inconstitucional porque no está justificada por una urgencia económica, explicó en la red social Twitter el miembro del organismo de control de la Comunidad Andina al referirse a la obligatoriedad del mandatario de sólo emitir normas urgentes tras disolver el legislativo.
De acuerdo con Hernández, el gobierno de Lasso pretende abusar de facultades extraordinarias, además de acabar con el principio de justicia territorial.
A estos individuos lo único que les interesa es hacer negocios para su beneficio hasta el último día, aseveró el político de la Revolución Ciudadana.
La CC pidió al Ejecutivo presentar sus argumentos sobre la necesidad urgente de los dos decretos enviados a revisión del organismo judicial luego de que Lasso disolviese el legislativo mediante la llamada muerte cruzada.
El 8 de junio venidero la institución evaluará el decreto llamado oficialmente Ley de Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo, que incluye la creación de zonas francas como iniciativa privada, pública o mixta.
Dos días antes, la CC analizará la denominada Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, la cual implica una reforma tributaria que, según el Gobierno, aliviará las finanzas de los hogares ecuatorianos. Analistas y líderes de organizaciones sociales manifestaron su preocupación por que esas medidas profundizan el modelo neoliberal en este país.
A propósito, el economista y excandidato a la presidencia Andrés Arauz alertó que con la normativa de las zonas francas Ecuador podría pasar a ser un paraíso fiscal, beneficiando a la banca y facilitando el narcolavado.
En estos momentos, sin el funcionamiento del legislativo, el Presidente está facultado para gobernar mediante decretos, pero sólo pueden ser de materia económica urgente y deben contar con el aval de la CC.
Lasso busca consagrar aún más el esquema empresarial que vienen implementando en el país desde 2017, afirmó el historiador Juan Paz y Miño en entrevista exclusiva con Prensa Latina.
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