La medida indica que Glas puede elegir y ser elegido, así como participar en los asuntos de interés público, como en las elecciones anticipadas del próximo 20 de agosto.
El magistrado dispuso remitir el oficio al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Ministerio del Trabajo para que deje sin efecto el impedimento para ejercer cargos públicos que pesa sobre Glas.
La decisión, que facilitaría la postulación de Glas como candidato a los comicios, sucede un día antes de que se venza el plazo para que las organizaciones políticas definan a sus candidatos para la Presidencia de la República y para la Asamblea Nacional.
A propósito, este sábado, el movimiento Revolución Ciudadana (RC) anunciará sus candidatos para las elecciones extraordinarias aquí.
A través de su cuenta en Instagram, el exmandatario Rafael Correa (2007-2017) confirmó que ese día realizarán sus elecciones primarias donde darán a conocer de forma oficial su propuesta para la presidencia y vicepresidencia de la nación andina.
Ecuador está a la expectativa de las nominaciones de la RC considerada la fuerza política en mejores condiciones por la calidad representativa de esa organización que empezó a subir desde que retomó una estrategia política de interpelación al presidente Guillermo Lasso fuerte y marcada hace alrededor de un año.
Glas es considerado el símbolo del “lawfare” en Ecuador, donde la persecución desatada por el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) contra seguidores de Correa obligó a muchos de ellos a exiliarse.
El exvicepresidente fue condenado a seis años como autor del delito de asociación ilícita en el caso de corrupción de Odebrecht, y a ocho años por cohecho en el caso Sobornos.
Sin embargo, en enero de este año Glas obtuvo un beneficio parcial en su lucha contra la persecución judicial al recibir una unificación de las penas a las que fue sancionado.
A fines de 2022, el magistrado Emerson Curipallo de la Unidad Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas emitió una medida cautelar que facilitó la libertad provisional de Glas, quien debía presentarse una vez por semana en Guayaquil y tenía prohibida la salida del país.
Juristas y activistas por los derechos humanos coinciden en que no existen pruebas para demostrar ninguno de los delitos por los cuales fue encausado.
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