Precisó la publicación que en la masacre de los jesuitas y dos colaboradoras el 16 de noviembre de 1989, la Fiscalía estableció que se activó un aparato organizado de poder del cual el expresidente Cristiani fue parte, ya que conoció lo que iba ocurrir en la UCA y no dio una contraorden.
Puntualizó la información que el exmandatario que llegó al poder por el partido Arena (derecha) estuvo presente en las dos reuniones previas efectuadas por los altos mandos de la Fuerza Armada en las cuales se planificó la forma en la que se realizaría la operación y la estrategia militar a utilizar.
En el dictamen de acusación (documento que contiene todas las pesquisas), fiscales de la Unidad de Investigación de delitos cometidos durante el conflicto armado detallan que Cristiani en su calidad de comandante general de la Fuerza Armada tenía el control y dominio del hecho y aunque pudo dar una contraorden para frenar la masacre, no lo hizo.
Incluso, aseveró el informe, horas antes de la masacre y sabiendo del plan criminal orquestado por un aparato organizado de poder altamente jerarquizado y estructurado, del cual formaba parte, el presidente sostuvo una fluida comunicación con el entonces rector de la UCA, Ignacio Ellacuría Beascoechea, una de las víctimas.
Como comandante general de la Fuerza Armada, el exgobernante podía aprobar, desaprobar o modificar las acciones militares adoptadas por la jerarquía castrense.
La mayoría de los implicados, entre ellos Cristiani, y altos exjefes militares, están acusados de delitos de asesinato, actos de terrorismo y proposición y conspiración para actos de terrorismo.
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