El tema retomó espacios en medios de prensa y por ejemplo, el diario Co Latino cita hoy a la Fundación para el Debido Proceso (Dplf), según la cual las reformas legislativas y decisiones gubernamentales dificultan detectar actos de corrupción.
En su informe “Carrera de obstáculos: Confrontando las barreras para investigar la corrupción en El Salvador”, el grupo asegura que la lucha contra este fenómeno experimenta retrocesos significativos, debido a reformas legislativas que impiden el acceso a la información pública necesaria para detectar este tipos de actos, y la posibilidad de denunciar y sancionarlos.
Citó el cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies), pese a que obtuvo avances en investigaciones relacionadas con actos de corrupción durante la emergencia de la pandemia del COVID-19.
Ese cierre significó la pérdida de un mecanismo internacional que podría haber dotado de un valioso acompañamiento y apoyo técnico a operadores de justicia encargados de luchar contra la corrupción, detalló.
Otras de las regresiones identificadas es la remoción abrupta e irregular de altas autoridades de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Fiscalía General de la República (FGR), al tratarse de instituciones que cumplen un rol clave en la lucha contra la corrupción.
Un grave obstáculo para fiscalizar el enriquecimiento indebido y hacer efectivas las responsabilidades penales, es la decisión que tomó la CSJ de declarar una reserva sobre toda la información y los informes producidos por la Sección de Probidad, como parte de sus auditorías patrimoniales a funcionarios públicos, citó Co Latino.
Asimismo, criticó, la legislación aprobada para exonerar de responsabilidad a quienes hayan participado en compras de bienes y servicios y ejecuciones de obra pública en el manejo de la pandemia del Covid-19, otorga impunidad a funcionarios públicos y particulares que podrían haber participado en actos de corrupción.
En su mensaje del 1 de junio al país, el presidente Bukele, decretó el inicio de una ofensiva contra las actos de corrupción, los cuales, sin llegar al gobierno, se enfocan ahora en el robo al erario público en administraciones anteriores, entre ellas la del expresidente Alfredo Cristiani (partido Arena) hoy acusado de desfalcar cerca de 68 millones de dólares.
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