Pese a que las listas de los aspirantes a la presidencia, vicepresidencia y la Asamblea Nacional (Parlamento) ya fueron inscritas, en estos momentos están en marcha los procesos de validación e impugnación de los nombres registrados.
En esta fase, la ciudadanía o los movimientos políticos pueden objetar alguna candidatura, si consideran que incumple alguna norma.
El movimiento Revolución Ciudadana impugnó, por ejemplo, la postulación de Patricio Carrillo, exministro del Interior destituido en septiembre de 2022 a raíz del femicidio de la abogada María Belén Bernal y censurado en el legislativo con prohibición de ocupar cargos públicos.
Ese tipo de acciones tienen un proceso legal de notificaciones, apelaciones y análisis dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral.
Se espera que el 6 de agosto concluyan los trámites y se presente el listado final de candidaturas inscritas, con todos los recursos resueltos.
La campaña electoral arrancará el 8 de agosto y concluirá el 17 de ese mes, mientras que el debate presidencial será el día 13.
Luego de que el presidente Guillermo Lasso decretara la muerte cruzada el pasado 17 de mayo, Ecuador adelantó los sufragios generales y más de 13 millones de ciudadanos están convocados a las urnas el 20 de agosto.
Un eventual balotaje está programado para el 15 de octubre y el anuncio del nuevo mandatario sería en noviembre.
Siete hombres y una mujer aspiran a suceder a Lasso, mientras que más de mil candidatos buscan un curul en el parlamento, pero solamente estarían en el poder hasta 2025.
La representante del movimiento correísta Revolución Ciudadana, Luisa González, acudió este martes a la sede del CNE a formalizar su candidatura junto a su compañero de fórmula, Andrés Arauz, y cientos de seguidores.
También buscan la jefatura del Estado Daniel Noboa (Acción Democrática Nacional), Fernando Villavicencio (Construye), Otto Sonnenholzner (Actuemos), Bolívar Armijos (Amigo), Jan Topic (Por Un País Sin Miedo), Xavier Hervas (RETO) y Yaku Pérez (Claro que se puede).
Además de elegir las autoridades, los ecuatorianos deberán responder a una consulta popular sobre la extracción petrolera en el área de Yasuní, en la Amazonía.
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