Mediante el decreto 783, el mandatario dispone que se refuercen los controles aduaneros ante posibles delitos asociados, como el lavado de activos y fraudes.
Asimismo, el gobernante determinó que el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, así como el Servicio Nacional de Aduana deben establecer mecanismos, dentro del ámbito de sus competencias, para fortalecer el control.
En un plazo de 90 días, a partir de la emisión del decreto, ambas entidades presentarán un reglamento técnico para ejecutar las disposiciones.
Según Lasso, en algunos sectores de la economía de Ecuador se evidencian prácticas de lavado de activos y subvaloración de importaciones, “que, en ciertos casos, compiten de forma desleal con la producción nacional”.
Esas actividades ilícitas generan un impacto negativo sobre las actividades productivas, el comercio y la recaudación de los tributos, señala el decreto.
Medios de prensa locales reportaron que el comercio ilícito de productos como calzado, aparatos electrónicos, textiles y medicinas se disparó más del 20 por ciento en el último año y es una de las principales vías para lavar dinero del crimen organizado y el narcotráfico.
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