La Fiscalía explicó en un comunicado que los registros se desarrollaron en las ciudades de Oporto, Guimarães (norte del país), esta capital y las vecinas Oeiras y Amadora.
Esta investigación responde a hechos “susceptibles de integrar, en abstracto, la práctica de crímenes de administración lesiva, corrupción activa y pasiva, participación económica en negocio y abuso de poder”, añade el texto que habla de contratos valorados en 21 millones de euros.
La investigación responde a un informe realizado por el hospital da Senhora da Oliveira, tras la creación de una Unidad de Diagnóstico e Intervención Cardiovascular. mgt/ehl
