Rubricaron el documento Juan Lanchipa, fiscal general del país altiplánico, y su par español, Álvaro García.
“El Ministerio Público de Bolivia reconoce la importancia del fortalecimiento y desarrollo de la cooperación entre ambas fiscalías para efectivizar la lucha contra la delincuencia que traspasa fronteras”, afirmó Lanchipa en un boletín institucional circulado desde Chuquisaca a la prensa.
Añadió que el entendimiento prevé la defensa de los derechos humanos fundamentales y las garantías procesales.
Sobre la base de este documento, las partes coordinarán el trabajo investigativo en los casos delictivos y realizarán intercambios de buenas prácticas, así como en la formación y capacitación de personal especializado, se informó.
De acuerdo con lo pactado, la colaboración se centrará en la atención oportuna de la asistencia penal internacional, impulso a la investigación contra el crimen organizado y transfronterizo, especialmente en lo concerniente a trata de personas en todas sus formas de explotación.
Asimismo, el acuerdo incluye la cooperación en el enfrentamiento al tráfico ilegal de migrantes, de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, lavado de activos, delitos informáticos y otros que representan una grave amenaza para la sociedad.
Las dos fiscalías definirán sus políticas de colaboración jurídica en las modalidades de intercambio informativo sobre el avance de los procesos penales iniciados, intercambio de opiniones respecto al desarrollo de la criminalidad organizada, protección de los derechos humanos, libertades fundamentales y garantías procesales.
Sobre la experiencia internacional, las partes acordaron realizar consultas jurídicas generales en relación con las fases preparatorias, de desarrollo y ejecución de solicitudes de asistencia penal trasnacional.
Igualmente, promoverán el desarrollo de actividades orientadas a facilitar la formación y el fomento de las capacidades de los fiscales de ambas instituciones.
Según la nota institucional, las dos fiscalías dinamizarán y promoverán el desarrollo de los sistemas de protección a víctimas y testigos, de modo que permita armonizar las acciones de protección que se brindan desde el ámbito legal a esta población.
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