Apaid, reconocido como una de las mayores fortunas del país, rechazó “categóricamente todas las acusaciones y sospechas de contribuir al clima de inseguridad o corrupción”, y alentó al Gobierno de Ottawa a verificar sus fuentes y los hechos.
La semana pasada, la canciller canadiense Mélanie Joly anunció sanciones contra Apaid y líderes de pandillas como Joseph Wilson, conocido como Lanmò San Jou (Muerte sin días).
Ellos están presuntamente implicados en el secuestro de los misioneros de Estados Unidos y Canadá, además de Vitelhomme Innocent, al frente de la banda de Kraze Baryè y por quien la policía de Haití ofrece una recompensa de más de 72 mil dólares.
También adoptaron medidas contra Johnson André, alias Izo, quien dirige el grupo que opera en Village de Dieu, en la salida sur de esta capital.
Según el comunicado, las sanciones son una respuesta a las violaciones de los derechos humanos, incluida la violencia sexual, y tienen prohibida las transacciones bancarias, la entrada al país, así como se congelarán todos los activos en la nación norteamericana.
De acuerdo con Apaid, cuya familia recibió muchas críticas de sindicalistas por el trato y salario de los empleados textiles, la decisión de Canadá tiene serias repercusiones en sus convenios comerciales.
Entre las propuestas figura un megaproyecto agrícola en la región central del país, que también levantó cuestionamientos por presuntamente desalojar a cientos de campesinos de sus tierras, tras un decreto del presidente asesinado Jovenel Moïse.
Según su nota de protesta, ese proyecto creará 20 mil empleos en los próximos siete años, además de construir un instituto y un mercado financiados por el Banco Mundial, y la apertura de la escuela de excelencia que ofrecería becas a 250 jóvenes de la zona.
“Lamentablemente, se trata de un duro golpe a la creación de empleo y a los esfuerzos sociales que nos motivan”, afirmó.
Apaid es el más reciente de la lista de empresarios y miembros de la clase política haitiana sancionados por Ottawa ante su supuesta contribución y apoyo financiero y operativo ilícito a los grupos armados.
Entre los afectados figuran los expresidentes Michel Martelly y Jocelerme Privert, el expresidente de la Asamblea Nacional (parlamento) Joseph Lambert, y de la Cámara de Diputados Gary Bodeau, así como los ex primeros ministros Jean Henry Céant y Laurent Lamothe.
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