La resolución de la UCE, publicada casi a la medianoche de este miércoles, señala que Salazar cumplió los requisitos en su tesis de grado, aunque admite que por «impericia» la exestudiante no cita fuentes y falla en el uso de datos de autores de dónde tomó párrafos completos para su tesis.
El colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) presentó pruebas de que el 40 por ciento del documento fue copiado.
Ese grupo, autor de la denuncia contra la funcionaria, indicó que se pronunciarán hoy respecto al fallo y adelantó que pedirán las actas de las sesiones de la comisión.
El expresidente Rafael Correa se pronunció en Twitter y afirmó que las citas de ideas o información ajena son exigencias de honestidad académica que llevan siglos de existencia.
El exgobernante lamentó que para salvar a la fiscal la UCE haga el ridículo a nivel mundial, en referencia al hecho de que el caso de presunto plagio también será revisado por tres juristas extranjeros designados por la veeduría internacional Transparencia Académica.
Juan Carlos Carbonell, Marco Aparicio Wilhelmi y Fernando Flores Giménez son los tres expertos que harán una evaluación imparcial y transparente de la tesis de la fiscal y otros de sus trabajos académicos, según informó el Colectivo Europeo de Diversidad Ecuatoriana.
La integrante de AJP Priscila Schettini comentó en una entrevista reciente a Radio Pichincha que Salazar podría ser calificada como una delincuente por copiar artículos científicos y por armar casos judiciales donde forjan documentos, partes policiales y hasta videos.
Schettini criticó a la funcionaria por utilizar medios del Estado y su posición para decir que las denuncias en su contra corresponden a una supuesta represalia del movimiento Revolución Ciudadana por los procesos judiciales impulsados contra sus militantes.
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