La decisión se adoptó a raíz de la crisis conocida como Caso Convenios, generada por el traspaso de cuantiosos fondos de la secretaría del Ministerio de la Vivienda en Antofagasta a la fundación Democracia Viva, vinculada al partido oficialista Revolución Democrática.
“Cada requerimiento de información será entregado con cinco años de antigüedad. Insistimos, esto tiene que ser caiga quien caiga”, aseguró la ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo.
El caso aún está en investigación, pero ya provocó la remoción de su cargo de la subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas y del representante de esa cartera en Antofagasta, Carlos Contreras.
Mientras, Catalina Pérez debió renunciar a la vicepresidencia de la Cámara de Diputados por su relación con Daniel Andrade, representante legal de Democracia Viva.
El Gobierno es el más interesado en que estos casos se investiguen, se esclarezcan y que todos los involucrados asuman su responsabilidad, aseguró Vallejo.
La ministra anunció también la conformación de un equipo de expertos para la probidad y la integridad institucional que tendrá un plazo de 45 días para establecer un nuevo trato con las entidades privadas sin fines de lucro, donde primen la transparencia, eficiencia y rendición de cuentas de los convenios de colaboración.
Dentro de los objetivos figura facilitar el conocimiento de la ciudadanía sobre el empleo de fondos entregados a esas entidades, garantizar el adecuado uso de los recursos públicos, revisar los mecanismos de control y prevenir los conflictos de intereses.
También se prevé proponer sanciones por el mal uso del financiamiento por parte de dichas entidades y de quienes estén involucrados en estas faltas.
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