La crisis se desató al descubrirse que la secretaría regional del Minvu en Antofagasta asignó directamente unos 530 mil dólares a la fundación Democracia Viva, ligada al partido oficialista Revolución Democrática, para supuestamente ayudar a los asentamientos precarios. Esa fue la punta del iceberg, porque a partir de ahí comenzaron averiguaciones sobre posibles irregularidades en transferencias desde las gobernaciones regionales en Atacama, Biobío, Maule y Los Lagos.
Aquí hay dos grandes problemas, declaró a Prensa Latina el analista Hugo Guzmán: uno es que militantes u operadores de partidos se aprovechen de esas transferencias para beneficio propio o de sus colectivos políticos.
Lo otro, dijo, es una deformación existente desde hace muchos años y es que el Estado no asume o no puede asumir todas las funciones de políticas sociales y las terceriza, es decir, se las pasa a estamentos privados donde se producen irregularidades como estas.
Guzmán advirtió, no obstante, que no se puede generalizar porque hay fundaciones, Organizaciones No Gubernamentales (Ongs) y centros de estudios de la sociedad civil con años de reconocida gestión en el país.
Tras admitir que este es un duro golpe para el Ejecutivo, la ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo, declaró que serán investigadas las relaciones con las fundaciones durante los últimos cinco años, lo cual incluye a la administración del presidente Sebastián Piñera (2018-2022).
“Insistimos, esto tiene que ser caiga quien caiga”, dijo Vallejo, mientras, el presidente Gabriel Boric afirmó: “no se va a proteger a nadie indebidamente, a nadie”.
El caso está bajo investigación, pero ya provocó la remoción de su cargo de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, y del representante de esa cartera en Antofagasta, Carlos Contreras.
Mientras, Catalina Pérez debió renunciar a la vicepresidencia de la Cámara de Diputados por su relación con Daniel Andrade, representante legal de Democracia Viva.
Hay otras autoridades a distintos niveles que pudieran estar involucradas en malas prácticas, pero eso lo determinarán las investigaciones judiciales, dijo Guzmán.
De acuerdo con el también director del periódico El Siglo, bajo la falacia de que dar más recursos al Estado es fomentar la corrupción, la derecha aprovecha la situación para no avanzar en una reforma tributaria, captar impuestos de los más ricos y financiar así políticas sociales.
Guzmán considera necesario reforzar el presupuesto estatal para atender las políticas sociales, disminuir las tercerizaciones y un mayor control y fiscalización de los vínculos con las fundaciones, Ongs e instancias de la sociedad civil.
A raíz de la crisis, el Gobierno decidió crear la Comisión Ministerial para regular las relaciones entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado.
El equipo tendrá un plazo de 45 días para establecer un nuevo trato con esas entidades, donde primen la transparencia, eficiencia y rendición de cuentas de los convenios de colaboración.
Dentro de los objetivos figura facilitar el conocimiento de la ciudadanía sobre el empleo de fondos entregados a esas entidades, garantizar el adecuado uso de los recursos públicos, revisar los mecanismos de control y prevenir los conflictos de intereses.
También se prevé proponer sanciones en caso de que las instituciones no utilicen los fondos estatales en los proyectos para los cuales fueron asignados.
El bautizado como Caso Convenio, que acapara la atención mediática, aún está en evolución y sus consecuencias finales todavía se desconocen.
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