El grupo envió una carta dirigida al senador por Nueva Jersey Robert Menéndez en respuesta a una que él mandara recientemente a los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
“Menéndez tiene mucho poder en la política exterior del Congreso estadounidense, ya que preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado”, dijo a Prensa Latina Dan Beeton, director de Comunicación Internacional del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, DC.
El legislador –recordó- “pertenece a una familia de exiliados cubanos, por lo que siempre ha sido muy duro con la política de Estados Unidos hacia Cuba y, en general, con la política de derechas hacia América Latina”.
Explicó que no es usual que un senador estadounidense se encargue de enviar una respuesta no solicitada a una carta de miembros de la Cámara de Representantes dirigida al Presidente, apuntó Beeton.
“Es una muestra –señaló- del celo de Menéndez por mantener el embargo (bloqueo), y otro ejemplo de la división política entre los demócratas más conservadores, o de la ‘corriente dominante’, y la facción más izquierdista que critica las sanciones y algunas otras políticas de Estados Unidos hacia América Latina”.
El 10 de mayo de este año la congresista Verónica Escobar, cuyo distrito se encuentra en la zona fronteriza de El Paso (Texas), envió una carta al presidente Joe Biden, firmada por otros 20 representantes de la Cámara Baja.
Muchos de quienes rubricaron el texto también son de distritos situados en los límites de Estados Unidos con México o cerca de estos.
En su reclamo, instaron a Biden a levantar las sanciones a Cuba y Venezuela, en parte porque contribuyen a la emigración hacia este país.
La carta recibió una cobertura positiva en The Washington Post, Politico, The New Republic y otros medios de prensa, incluso exfuncionarios de la administración de Barack Obama (2009-2017) condenaron estas medidas de asfixia, señalando su conexión con la migración.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo comentarios similares a Biden cuando hablaron sobre la política de inmigración de Estados Unidos hace unas semanas.
Justo un día después de la carta del Congreso, el senador Menéndez publicó una réplica en la que se opuso a las peticiones de revertir las sanciones contra Cuba y Venezuela.
Para el senador eso «solo traicionará nuestros valores democráticos (…) Tal enfoque no haría nada para resolver los factores subyacentes que impulsan estas crisis…».
Menéndez no ofreció ninguna prueba, ni citó investigación alguna, para apoyar sus amplias afirmaciones de que las sanciones no están incentivando la emigración hacia Estados Unidos.
La carta de los economistas y expertos a Menéndez apoyó la postura adoptada por Escobar y sus colegas.
Además, citó varios estudios que señalan los graves perjuicios económicos y humanitarios causados por las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Cuba y Venezuela.
Entre los firmantes se encuentran el historiador y escritor Greg Grandin, ganador del Premio Pulitzer, el economista y escritor Ha-Joon Chang y Martín Guzmán, exministro de Economía de Argentina.
También Francisco Rodríguez, autor de un reciente informe sobre cómo afectan las sanciones económicas a la gente común; y el codirector del CEPR, Mark Weisbrot, entre otros.
En febrero pasado, al término del discurso sobre el estado de la Unión, Biden sostuvo un inusual intercambio, captado por un micrófono cuando el mandatario saludaba a miembros del Congreso
“Bob, tengo que hablar contigo sobre Cuba», expresó Biden al legislador cubanoamericano, quien respondió «Ok, de acuerdo» y como pareció algo confundido el presidente insistió: «Estoy hablando en serio».
El bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba califica como el más largo de la historia contra país alguno.
Pese a que cada año recibe el rechazo casi unánime de la comunidad internacional esa política de estrangulamiento la mantienen gobiernos demócratas y republicanos hace más de seis décadas.
Durante el mandato de Donald Trump (2017-2021) se adoptó una política de máxima presión que generó 243 medidas adicionales para reforzar el cerco unilateral contra la mayor isla caribeña, lo cual heredó Biden, cuya administración, en línea general, no se ha apartado de ese camino.
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