Los trabajadores ecuatorianos amenazaron con tomar las calles si el Ejecutivo decide avanzar con las sugerencias de la comisión encargada de buscar soluciones para hacer sostenible los fondos para las jubilaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
En este sentido, el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio, alertó que si la administración decide dar paso a las reformas, sucederá lo que en Francia.
Entre tanto, la Unión Nacional de Educadores (UNE) emitió un comunicado donde afirmaron que, de entrar en vigor, esa medida violentaría los derechos de los trabajadores alcanzados en la Constitución y en la Ley de Seguridad Social.
En la misma línea se pronunció la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) que repudió la intención del Gobierno de aumentar los años de aportación, lo cual tendrá consecuencias adversas en para empleados, principalmente jóvenes.
Este tipo de normas implica una mayor carga para los trabajadores, quienes deberán prolongar su vida laboral y destinar más años de esfuerzo y dedicación para alcanzar una pensión jubilar completa, sostuvo la Ceosl en su comunicado.
Este miércoles, la comisión especial conformada por Lasso, expuso a los ciudadanos cuatro razones por las que, según los integrantes de ese equipo, los ecuatorianos deben apoyar los posibles cambios.
De acuerdo con el coordinador de la Comisión, Augusto de la Torre, existe un problema de viabilidad del sistema de pensiones, cada vez más difícil de pagar por parte del IESS.
El grupo, creado en enero por Lasso, propone subir los años de aporte de manera progresiva, de manera que, en 10 años la exigencia para la jubilación sea tener 60 años de edad y 35 años de aporte.
Actualmente, las pensiones aquí se calculan en base a los cinco mejores años de ingresos de la vida laboral del aportante, sin embargo, la nueva reforma sugiere aumentar gradualmente ese número de años hasta llegar a los 30 años de mejor remuneración.
Finalmente, la propuesta de la comisión busca promover el ahorro y para ello plantea que el dos por ciento de aporte que hacen los afiliados al fondo de cesantía se mantenga, pero que solo pueda ser retirado cuando la persona se jubile.
Torres aseguró que la comisión organizará diálogos con distintos sectores ciudadanos para recoger sus observaciones y elaborar la propuesta final de reforma al Fondo de Pensiones.
La decisión definitiva de su aplicación quedará en manos de este o del nuevo Gobierno, que deberá elaborar un decreto ley económico urgente para enviarlo a la Corte Constitucional o podría redactar un proyecto de ley para que lo trate la próxima Asamblea Nacional (parlamento).
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