El periodo proselitista se extenderá hasta el 17 de agosto, es decir, habrá 48 horas de silencio electoral previo a la cita en las urnas.
Originalmente, estaba previsto que la contienda durase sólo 10 días, pero el ente rector de los sufragios decidió anticipar la fase propagandística luego de que el Tribunal Contencioso Electoral confirmara que estaban resueltos todos los recursos de impugnación.
El CNE anunció también que, como establece la Constitución, garantizarán de forma equitativa a los ocho aspirantes a la presidencial un monto total de 3,09 millones de dólares para que lo destinen a la publicidad en medios de comunicación y vallas.
Cada uno recibirá 309 mil 243 dólares, pero quienes forman parte de alianzas tienen derecho a un 20 por ciento adicional por cada partido o movimiento que integra la coalición.
De esa manera, a partir de este jueves, las fuerzas políticas con candidatos a la jefatura del Ejecutivo deberán reportar a las autoridades electorales los gastos, que no podrán superar el límite establecido de 5,3 millones.
En ese tope se incluye tanto los poco más de 300 mil que aporta el Estado a cada uno, como lo que pudieran destinar a la contienda las organizaciones políticas, los propios candidatos y las personas naturales, mientras las empresas tienen prohibido el financiamiento.
Paralelamente, ya comenzó la impresión de las papeletas presidenciales, donde aparecerán los nombres de los ocho binomios postulados en la carrera por la presidencia y la vicepresidencia.
La única mujer candidata a la presidencia de la República es la representante del movimiento correísta Revolución Ciudadana, Luisa González, quien lidera todas las encuestas.
También buscan llegar al Palacio de Carondelet Otto Sonnenholzner (Actuemos), Fernando Villavicencio (Construye), Jan Topic (Por Un País Sin Miedo), Xavier Hervas (RETO), Yaku Pérez (Claro que se puede), Daniel Noboa (Acción Democrática Nacional) y Bolívar Armijos (Amigo).
Aunque oficialmente no ha comenzado la campaña, todos ellos intensificaron esta semana sus recorridos por las provincias, las entrevistas y encuentros con diferentes sectores sociales, para promover sus propuestas en cuanto a seguridad, servicios públicos y lucha contra la corrupción.
El ganador de los sufragios completará el mandato 2021-2025, interrumpido por el decreto de «muerte cruzada» aplicado por el actual presidente, Guillermo Lasso, quien disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento) en medio de un proceso de juicio político en su contra.
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