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Denuncian que la impunidad campea en El Salvador

San Salvador, 12 jul (Prensa Latina) La impunidad campea en El Salvador y tiene su mayor representación hoy en el arresto hospitalario del general José Guillermo García, según denuncias de activistas de derechos humanos.

El tema no es nuevo, es reiterado con insistencia por familiares y organizaciones defensoras de los derechos humanos que integran la Mesa contra la Impunidad en El Salvador.

Este martes, David Morales, de la organización Cristosal, al abordar el asunto junto a otros miembros de ese grupo lamentó el trato benevolente a García y otros criminales de guerra.

Acusamos a García de 41 masacres perpetradas por las Fuerzas Armadas cuando ejerció de Ministro de Defensa y Seguridad Publica a partir del 19 de octubre de 1979.

Es un gran violador de derechos humanos y un criminal de guerra, puntualizó en medios de denuncias como la de Óscar Pérez, de la Fundación Comunicándonos que refirió al asesinato de periodistas holandeses.

Durante una conferencia en esta capital varios integrantes de la Mesa, entre ellos el abogado Pedro Cruz, que acompañan a las víctimas del conflicto armado (1980-1992), señalaron la protección de los perpetradores de numerosas masacres, desapariciones forzadas, represión y torturas a prisioneros políticos.

Las organizaciones abordaron diferentes aspectos de la violencia extrema en donde resaltaron la implicación de García, quien hasta 1983 controló y operó una cadena de mando que incluye a los más conocidos criminales del país.

“El coronel García es un militar con un estatus de acusado en varios casos y en algunos imputados.

En el caso de los periodistas holandeses está detenido en fase de instrucción. Su detención no se ha llevado en un centro penal -por alegar motivos de salud- pero se encuentra custodiado por la policía (PNC) las 24 horas”, el abogado Cruz, que lleva este caso.

Mientras el letrado Heli Hernández abordó el tema de la desaparición de personas, en especial de 54 niños, una acción que contó con la asesoría de militares de Argentina.

Otros oradores dijeron que la justicia es una obligación de Estado aunque denunciaron que en la protección actual se involucran el poder judicial y la Fiscalía.

oda/lb

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