La presidenta de la Asociación de Familiares de los Caídos en aquella agresión, Trinidad Ayola, explicó a Prensa Latina la importancia de que la Biblioteca Nacional Ernesto Castillero, disponga de ese importante material fílmico que ayuda a mantener viva la memoria de los lamentables acontecimientos que enlutaron al país el 20 de diciembre de 1989.
De esta manera, agregó, podremos dar a conocer a toda la comunidad que podrá tener acceso a estos históricos archivos que por muchos años nos fue vetado.
Castro explicó a la audiencia que con ayuda de instituciones cono la propia Biblioteca se logró digitalizar las viejas cintas U-matic sobre un material desclasificado en los años 90 pero que no se conocían en detalle.
Son mil 557 minutos grabados por el servicio aéreo- espacial audiovisual de la fuerza aérea de Estados Unidos que detalla paso a paso la invasión, explicó.
El proyecto “Invasión, memoria desclasificada”, dijo, nos muestra ahora con más crudeza la magnitud bélica e innecesariamente violenta según los objetivos señalados además del proceso de control mediático que llevaron a la casa productora a desclasificar estas imágenes.
Historiadores estiman que la denominada Causa Justa, cuyos alegados objetivos eran acabar con la supuesta dictadura, capturar al ex general Manuel Antonio Noriega, restaurar la democracia y dar bienestar al pueblo, en realidad trajo la muerte al barrio mártir de El Chorrillo.
Además de las pérdidas humanas, esta invasión ocasionó la destrucción de gran parte de la infraestructura de Panamá, dejando a miles de personas sin hogar, obligadas a desplazarse de sus domicilios, refugiándose en otros territorios.
Aunque la capital fue la más golpeada por esa operación bélica, también hubo víctimas en la caribeña provincia de Colón y en Río Hato, zonas bombardeadas e incendiadas indiscriminadamente.
El alto número de hogares y edificaciones destruidas por la invasión da muestras de que las tropas del Pentágono no hicieron el menor esfuerzo por limitarse a blancos militares, y evitar daños a las vidas y bienes de la población civil panameña.
Para activistas sociales, la invasión no ha tenido la necesaria condena internacional, pese a que un informe en 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos juzgó a Washington por las violaciones perpetradas e instó a su gobierno a indemnizar a las víctimas.
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