La ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, aseguró que la población no se quedará sin servicio de telefonía móvil, a pesar de que los contratos con las empresas Claro y Movistar están por vencer.
En poco tiempo esos contratos serán prorrogados para la tranquilidad de las empresas y de la ciudadanía, detalló la funcionaria.
En cuanto al estado de las negociaciones, Maino recalcó que el actual gobierno apunta a la terminación del proceso y a la firma de nuevos contratos. No se piensa dejar el tema para el próximo gobierno, admitió.
De igual manera, la ministra puntualizó que dentro de las negociaciones se han incluido aspectos como beneficios sociales, seguridad tecnológica para las cárceles y otros asuntos de seguridad nacional.
A propósito, el pasado 3 de julio, el ministro de Gobierno Henry Cucalón, reveló que había consultado a la Procuraduría General sobre la extensión de los contratos con Conecel, a cargo de la compañía Claro y cuyo plazo culmina en agosto, y Otecel, que maneja las marcas de Movistar y Tuenti, y para las que vencen las concesiones en noviembre.
De acuerdo con Cucalón, ya está lista la estructura legal de ambos contratos y afirmó que bajo ningún concepto habrá paralización del servicio.
Sin embargo, si la renegociación pasa del límite de tiempo establecido, el servicio de telefonía celular de más de 14 millones de usuarios podría verse afectado.
En mayo pasado, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) suspendió la renegociación por 120 días debido a la falta de la valoración del espectro radioeléctrico.
El artículo 54 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece la obligatoriedad de fijar el valor de los derechos por el otorgamiento de títulos habilitantes, así como de las tarifas por el uso y explotación del espectro radioeléctrico.
Según los datos de Arcotel, Claro tiene 9,2 millones de líneas activas, que representan el 52 por ciento del mercado, mientras que Movistar posee 5,4 millones, un 30,5 por ciento.
La última negociación con esas dos compañías ocurrió en 2008 durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, por un total de 700 millones de dólares.
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