Sergio Ferrari*, colaborador de Prensa Latina
El Mercosur integra a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en tanto Estados Partes. Venezuela está momentáneamente suspendida; Bolivia presentó su demanda de adhesión y junto con otros seis países del subcontinente son naciones asociadas: Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam.
Durante su visita a París para participar en la Cumbre por un Nuevo Pacto Financiero Global, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva actualizó sus críticas a las nuevas exigencias de la Unión Europea (UE) con respecto a dicho acuerdo, a las que evaluó como “amenazas”. Al mismo tiempo, apeló a un cambio profundo de las instituciones financieras internacionales del Bretton Woods, creadas después de la Segunda Guerra mundial que “no funcionan más”. Puso como ejemplo de ese disfuncionamiento el préstamo del Fondo Monetario Internacional a Argentina, acordado durante el Gobierno del ex presidente Mauricio Macri.
Reforzando esta visión continental, el documento final del reciente Encuentro del Foro de San Pablo realizado en Brasilia del 29 de junio al 2 de julio, denuncia “los tratados de libre comercio y la arquitectura jurídica creada por ellos, que dan más poder a las transnacionales en perjuicio de nuestra soberanía”. El mismo documento “exalta la actitud del presidente Lula de rechazar las sanciones ambientales y otros mecanismos proteccionistas que aparecen en los debates sobre el Acuerdo Mercosur-Unión Europea”.
Amenazas
En su visita a Francia el mandatario sudamericano declaró ante sus pares francés Emmanuel Macron y alemán Olaf Scholz, que «los acuerdos comerciales deben ser más justos”. Expresó su interés en lograr un tratado con la Unión Europea, pero consideró que por el momento no es posible. La carta adicional que hizo llegar la UE a los presidentes del Mercosur “no permite llegar a un acuerdo”, refiriéndose a un anexo que incluye sanciones en caso de no cumplir, entre otros compromisos, con nuevas metas ambientales.
Lula afirmó que no es imaginable que se promueva una asociación estratégica y exista una carta adicional que suponga una amenaza para una parte de los socios firmantes. El mandatario ya había rechazado esas nuevas exigencias durante la visita que realizó a Brasilia la segunda semana de junio Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, al iniciar en Brasil una gira por América Latina.
Luego de 20 años, las negociaciones entre el Mercosur y la UE concluyeron en junio de 2019, pero el tratado no ha sido ratificado por los parlamentos de los países participantes, requisito condicionante para su aplicación. Se trata del pacto comercial más importante para la Unión Europea ya que implica la integración de un mercado de 800 millones de habitantes; representa casi una cuarta parte del PBI mundial y con más de US$ 100 mil millones de comercio bilateral de bienes y servicios
En marzo de este año, la UE presentó nuevas condiciones al Mercosur rechazadas por Lula, al mismo tiempo que los países sudamericanos objetaban posibles sanciones en caso de no cumplir, por ejemplo, las metas ambientales fijadas desde Bruselas para el comercio bilateral. Los cuestionamientos de los países del Mercosur tienen que ver con las regulaciones establecidas unilateralmente en el Pacto Verde Europeo, aprobado en 2020. Entre ellas, una que prohíbe la compra de productos que provengan de zonas libres de deforestación, lo que afectaría a muchas de las exportaciones de los países sudamericanos.
Gritan su descontento
Se debe poner fin a las negociaciones de un acuerdo de liberalización comercial “obsoleto, neocolonial y desequilibrado», señalaron cuatro actores de la sociedad civil brasileña y francesa en un comunicado conjunto hecho público horas antes de que Lula iniciara su agenda oficial en Francia.
En un momento en el que la Comisión Europea (CE) está desplegando una gran energía para finalizar el acuerdo lo antes posible, el colectivo nacional Stop Mercosur, el Frente Brasileño contra el acuerdo UE-Mercosur, la coalición francesa «Solidarité Brésil» y la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos (Rebrip), llamaron a que la CE ponga fin a las presiones y amenazas que está ejerciendo contra los países del Mercosur. Y exigen a todas las partes implicadas poner fin a estas negociaciones.
Las cuatro plataformas expresaban así la toma de posición previa de 170 organizaciones sociales, ONG, sindicatos y federaciones campesinas de unos 30 países latinoamericanos y europeos, que ya en mayo habían definido un marco crítico a este acuerdo comercial, sugiriendo diversas alternativas y propuestas viables. Las 170 organizaciones denominaron su toma de posición: “Solidaridad, igualdad, cooperación y comercio sostenible: una alternativa al acuerdo de liberalización comercial UE-Mercosur”. Entre los firmantes se encuentran Vía Campesina, Greenpeace, y Amigos de la Tierra; CADTM y ATTAC de Francia; la CGT, Comisiones Obreras y la Confederación Intersindical de España; KoBra y la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia de Alemania; el Movimiento de Trabajadores sin Tierra (MST) y la Articulación Tierra y Fuego de Brasil; la Sinistra Italiana y el TNI de los Países Bajos, por citar solo algunos (https://s2bnetwork.org/uemercosuralternativa/).
Las cuatro plataformas brasileñas y francesas– que retoman ese documento de los 170 firmantes- advierten que el contenido actual del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, en caso de ser ratificado, agravaría “las asimetrías económicas y socioambientales existentes entre ambos bloques”. Y, además, acentuaría la especialización primaria de las economías de los países del Mercosur en detrimento de la diversificación económica (https://www.bilaterals.org/?mettre-fin-aux-negociations-d-un).
Según la percepción de las cuatro plataformas, los sectores industriales, la agricultura familiar y campesina, las pequeñas y medianas empresas de los países del Mercosur- en particular debido a la apertura de los mercados de contratación pública- y las clases sociales medias y desfavorecidas de los países sudamericanos “no tienen nada que ganar con un acuerdo tan desequilibrado”.
El mismo, sostienen, beneficiará a los productores y exportadores de materias primas agrícolas, mineras y energéticas, a las empresas transnacionales europeas que elaboran productos farmacéuticos, agroquímicos y automóviles, así como a los interesados en los contratos públicos y en la privatización de los servicios públicos, a costa de violaciones de los derechos humanos y de impactos socio- ecológicos aterradores sobre los pueblos indígenas, las poblaciones locales, la tierra, los bosques, los ecosistemas y la biodiversidad.
La Europa de abajo, también castigada
En cuanto al impacto en Europa, un tal tratado supondrá el aumento de las cuotas de importación de carne con aranceles aduaneros reducidos, lo que implicará “que los agricultores europeos se enfrentarán a una mayor competencia, que hará bajar los precios y, por tanto, intensificará el sistema agrícola europeo más concentrado”. Y subrayan que también en el Viejo Mundo, las principales beneficiarias serán las multinacionales europeas que buscan hacerse con nuevos contratos públicos y/o exportar pesticidas que ahora están prohibidos en Europa y automóviles de una tecnología y tipo de combustión ya superadas.
Las cuatro plataformas completan el panorama desolador que imaginan si se aceptara definitivamente el Acuerdo UE-Mercosur: “la impunidad de las violaciones de los derechos humanos y de los pueblos perpetradas por las grandes empresas transnacionales no hará sino reforzarse. Aunque el acuerdo prevé la supresión de más del 90 por ciento de los derechos de aduana sobre los intercambios entre las dos zonas, son las empresas de los sectores automovilístico, químico y farmacéutico europeos, y del sector agroexportador de los países del Mercosur, basado en el monocultivo, las que más se beneficiarán”.
Así mismo, sostienen que de firmarse ese tratado se profundizarán las asimetrías económicas entre la UE y los países del Mercosur, según un modelo neocolonial de acaparamiento de recursos en detrimento de la diversidad, la autonomía y la resiliencia de las economías locales y regionales, y de la integración entre los pueblos. Y argumentan: “Allí donde las normas comerciales deberían revisarse y limitarse en nombre de los imperativos del siglo XXI, este proyecto de acuerdo organiza estrictamente la lógica contraria: las políticas climáticas, por ejemplo, se aceptan a condición de que no contravengan las normas destinadas a aumentar el comercio internacional de bienes y servicios”.
Concluyendo su análisis, Stop Mercosur, el Frente Brasileño contra el acuerdo, la coalición francesa «Solidarité Brésil» y la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos (Rebrip) reiteran que no tiene por qué ser así, ya que “a ambos lados del Atlántico, tenemos mucho más que ofrecer en términos de cooperación y solidaridad internacionales que un acuerdo comercial neoliberal”.
Los firmantes comparten la necesidad de reforzar los lazos entre los países de la Unión Europea y los de Mercosur, y más ampliamente entre los pueblos de Europa y América Latina. Pero esto no puede construirse únicamente en torno al comercio de bienes y servicios que se transportan a través del Atlántico. Y concluyen: “Al contrario, pedimos a nuestros gobiernos que se comprometan y reorienten sus relaciones geopolíticas y comerciales sobre la base de nuevos principios, como los propuestos recientemente por 170 organizaciones sociales con el fin de garantizar una buena vida para todos en lugar de asegurar beneficios para unos pocos».
Las cartas están sobre la mesa. Les toca jugar ahora a los gobernantes de uno y otro lado del Atlántico que se miran con recelo. Partido delicado ante un público que no acepta trampas y que es consciente que del resultado dependerá, en gran medida, su propia sobrevivencia.
rmh/sf
*Periodista argentino residente en Suiza
(Tomado de Firmas Selectas)
